El trece de abril pasado se publicaron diversas reformas y se definió legalmente lo que es violencia política contra las mujeres por razón de género. El artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”
Al menos veinte Estados ya han armonizado su legislación con esta nueva normatividad para sancionar administrativa o penalmente, o proteger los derechos político electorales de las mujeres que sufran este tipo de violencia. En diversos Estados, como por ejemplo San Luis Potosí, Tlaxcala o Puebla, ya se comenzó a aplicar esta nueva legislación. La sola publicación de la ley no resolverá la situación de violencia política que sufren candidatas, militantes de partidos políticos, funcionarias públicas o funcionarias electorales al postular a sus cargos o al ejercerlos. Para que esta legislación impacte realmente, se requiere que las autoridades electorales apliquen estrictamente estas normas, a pesar de los intereses políticos que desafortunadamente siempre tratan de obstaculizar la impartición de justicia en este tipo de casos.