Por Alejandro Armenta
Sin lugar a dudas la 4T, marca una posición determinante de implementar políticas que resuelvan los problemas prioritarios de nuestras zonas más vulnerables.
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La seguridad alimentaria como lo ha marcado los objetivos del nuevo milenio y que aún lacera a muchos poblanos, requiere de dimensionar que no solo necesitamos producir el alimento, requerimos ponerlo en las comunidades a precios accesibles y en el transcurso del año.
Implementar programas que converjan, desde el ingreso de los habitantes del medio rural, la habilitación de las parcelas las cuales muchas están ociosas, creación de infraestructura agrícola para disponibilidad de agua para riego y desarrollar las capacidades de nuestros campesinos y en especial a las mujeres que son el eje articulador de la estructura familiar de las poblaciones rurales.
En esto, vigilaremos que los intermediarios sean organizaciones o liderazgos caciquiles, no metan las manos al presupuesto y sean directamente las beneficiarias quienes administren sus propios recursos.
Explotación de recursos naturales y megaproyectos, todo bajo consulta previa, nada a espaldas de las comunidades.
Puebla es un estado pluricultural, donde convivimos con muchos territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y originarias, y muchos asentamientos urbanos con diferentes características y de diferentes orígenes, en el pasado reciente hemos vivido diferentes enfrentamientos y conflictos que han escaldo hasta la violencia y lamentables pérdidas humanas.
El desarrollo de nuestro estado es importante, pero nunca a espaldas de los dueños del territorio, todo megaproyecto sea público o privado, debe pasar por una consulta previa entre los dueños de esos territorios, para respetar sus derechos humanos, sus usos y costumbres, su cosmovisión que es la identidad de cada comunidad de cada familia y de esta manera hacer realidad la sustentabilidad de cada proyecto.
Las consultas previas no es otra cosa más que respetar el derecho de nuestras comunidades a ser informadas, a decidir el destino de sus familias, de sus territorios, de su cultura, ante las externalidades que ocasionan los proyectos en aras del desarrollo, sean para concesiones de agua, obras para generación de energía electica, mineras, autopistas, y que de alguna manera afectaría la vida, el uso y el disfrute de sus recursos con los que cuentan actualmente los pueblos indígenas.