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Jueves, 14 De Mayo De 2026 | Puebla

OPINIÓN

De procesos electorales, propaganda… y transparencia

Inicia la cuenta regresiva para las elecciones federales 2018 para Presidente de la República

Norma Estela Pimentel

Abogada certificada por la Barra Mexicana de Abogados. Autora del e-book “Marco jurídico de las comunicaciones”. Speaker Tedx BUAP Wowen 2019. Impartió seminarios y diplomados con perspectiva de género

Miércoles, Septiembre 13, 2017

El pasado 8 de septiembre coincidieron dos actos, íntimamente relacionados para las decisiones más relevantes en 2018: la presentación del proyecto del paquete fiscal, con la propuesta del Presupuesto de Egresos y el proyecto de la Ley de Ingresos, así como la publicación del calendario del proceso electoral ordinario federal, atendiendo lo establecido en el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Inicia la cuenta regresiva para las elecciones federales 2018 para Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, aunado a los procesos locales de elección de las autoridades respectivas: Gobernadores, Diputados locales y Presidentes municipales; así que debemos estar preparados para el bombardeo mediático de campañas y estrategias de marketing electoral, con los elevados costos que esto le implica al propio Estado, con las asignaciones presupuestales que emanan del propio cumplimiento de la obligación que TODAS las personas tenemos en esta país: contribuir de manera proporcional y equitativa, con los gastos de la Federación, Estados y Municipios que establecen las Leyes.

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En el proyecto del PEF 2018 se reitera la aplicación del principio de austeridad, no creación de plazas, compra de vehículos, entre otros “ahorros”, haciendo hincapié en la prohibición de erogaciones en comunicación social en las entidades federativas donde existan elecciones, situación que ocurrirá básicamente en todas. Esta prohibición no incide a los partidos políticos, más bien se vincula con el texto del artículo 134 Constitucional que indica que la comunicación social (propaganda pública), que difunda cualquier poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Constitucional autónomo) o ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter Institucional con fines informativos, educativos o de orientación social, prohibiendo incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público… esta prohibición tiene vigencia atemporal, no limitada por los procesos electorales.

Con 5 billones 236 mil 375 millones 600 mil pesos, el proyecto del PEF 2018 se encuentra equilibrado al crecimiento real, después de la actualización a pesos reales por el efecto de la inflación, que según informes de Banxico se proyecta en 3% para el próximo año. Pese a que se difunden análisis de especialistas financieros y económicos, respecto de la adecuada proyección del PEF 2018, la percepción de la ciudadanía es otra, sobre todo al tomar en cuenta que a las personas cada vez los ingresos nos permiten la adquisición de menos satisfactores, que las denuncias sobre escandalosos actos de corrupción parecen empantanarse en los procedimientos judiciales por lo que la recuperación de los millones en juego parece compleja, sumando a lo anterior el propio origen de los recursos, pues estos son el producto de las ganancias de empresas, profesionistas y de la explotación de recursos que en teoría constitucional, nos pertenecen a todos.

Los 29 mil 70 millones 267 mil 341 pesos que se pretenden destinar a los comicios de 2018 para uso de INE, partidos políticos, FEPADE y Tribunal Electoral, demandan total Transparencia para quienes los aplicarán, debiendo estar sujetos a eficiente y eficaz fiscalización… aunque dicho sea de paso, la ciudadanía requiere que el principio de Transparencia sujete a los tiempos de Spots en radio y Televisión, a la Propaganda Electoral, a la Capacitación de los funcionarios de casilla, a la “nueva” figura del voto desde el extranjero, así como al registro de los candidatos independientes y partidistas.

En relación con el principio de austeridad presupuestal, así como de Transparencia que ordena la Constitución, el Instituto Nacional Electoral ha buscado que se generen los ajustes tendientes a homologar las fechas de conclusión de precampañas, la aprobación de los registros de candidatos para los procesos electorales locales, lo que permitiría además de facilitar los procesos administrativos vinculados con la materia, mayor control y fiscalización en los gastos de los partidos políticos, sus candidatos o candidatos en la vía independiente, sin embargo, los acuerdos no fueron en todos los casos, tomados en el mismo sentido, por lo que amable lector, seguramente viviremos el embate de la sobre cargada propaganda electoral.

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