Una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana es la inseguridad que se vive en nuestro país, así como las situaciones que amenazan nuestra tranquilidad y libertad, un gran ejemplo de ello, es el temor a ser víctima de algún delito y no obtener la justicia esperada, pues a lo largo de la historia de la impartición de justicia hemos sido espectadores de un sistema que no alcanza a restaurar el daño que sufren las víctimas como consecuencia de este actuar, en primer lugar porque la confianza en las instituciones en sus tres ámbitos de gobierno ha sido deteriorada de manera importante; confianza que es necesario sea recuperada para que se alcance un pleno Estado Democrático de Derecho.
Aunado a esta circunstancia nos enfrentamos también a un fenómenos que influye de manera directa en la efectividad del desarrollo de un sistema de justicia integral para las víctimas de delitos; esto es la poca información que poseen los individuos respecto a este tema y por ende en la mayoría de los casos las personas no hacen uso real ni de las instituciones que existen para ser atendido ni de los beneficios que otorgan las distintas legislaciones para su protección; es decir, no ejercen sus derechos ni deberes.
Más artículos del autor
Es por ello que resulta imprescindible que las víctimas del delito y de presuntas violaciones a los derechos humanos reciban una atención especializada y que se priorice su posición como un sector vulnerable; si bien durante mucho las víctimas han permanecido ausentes, hoy se produce un acelerado reposicionamiento en torno a la protección de sus derechos, así como a señalar las directrices a las que el Estado garante se encuentra obligado a seguir para satisfacer sus necesidades y reconocer y hacer valer sus derechos tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes en la materia y los protocolos internacionales.
A lo largo de la historia del derecho penal, la atención a la víctima u ofendido o su participación en toda esta dinámica ha estado relegada. Eso está cambiando de manera significativa a través de las modificaciones que estamos viviendo, tal como se percibe de lo preceptuado por el apartado C, del artículo 20 constitucional, el cual da amplias facultades en materia jurídica a la víctima para actuar, proporcionarle servicios, facilitar su participación en el desarrollo del proceso penal, desde la etapa de investigación hasta la de juicio oral, no olvidando que la protección de la víctima rebaza las etapas del procedimiento hasta la plena reparación del daño que haya sufrido.
La victimología hoy por hoy puede definirse de manera muy amplia no sólo en el estudio de la víctima u ofendido y de su participación procesal, porque las instituciones que se han dedicado a la atención de la víctima u ofendido hablan del impacto del delito; así como de la conducta violenta o la conducta delictiva en particular de unos ciudadanos hacia otros, la cual lesiona de manera importante aspectos psicoemocionales; lo que podríamos englobar como el daño moral.