Con la oposición del PRD y el PT, el Senado aprobó por 78 votos a favor y 27 en contra la minuta que reforma el Código de Justicia Militar y que expide le Código Militar de Procedimientos Penales, el cual suprime los Consejos de Guerra y crea juzgados militares de control.
El dictamen avalado también establece la supresión de la Procuraduría General de Justicia Militar, que se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar, fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación.
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Con estas reformas se crean tribunales militares de juicio oral, así como la coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el objeto de otorgarlos tanto al Ministerio Público como a la defensa.
Dicha reforma involucra a la justicia militar en el ámbito de la población civil, y se faculta a que los juzgados de control militares ordenen cateos, en casos de delitos de disciplina militar relacionados con el crimen organizado, homicidio doloso y violento con arma de fuego y explosivo.
Se autoriza a la autoridad militar a catear domicilios, previa autorización de un juez, así como de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial de los tres ámbitos de gobierno, a las sedes de los organismos constitucionales autónomos y en las instalaciones de la policía y el ministerio público.
Es decir, adiós al espíritu del artículo 16 constitucional, ya que las facultades de los fiscales militares lo rebasan, este nuevo Código Militar de Procedimientos Penales crea un sistema dictatorial, violando la Constitución, engrandeciendo a las fuerzas militares y violando la soberanía popular.
La reforma no establece criterios claros y consistentes que garanticen seguridad jurídica a las partes y el respeto a los derechos humanos, otorga amplia facultad a las autoridades militares de afectar a civiles en caso de considerarlo necesario, con tan solo encontrar fundamento, en el ordenamiento jurídico, sin ser necesario que éste se encuentre acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Todas estas violaciones a los Derechos Humanos se les hicieron saber a los Diputados y Senadores, por diferentes organizaciones sociales y sobre todo en un documento de tres cuartillas que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, hizo llegar a los coordinadores parlamentarios y a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, donde advertía que el proyecto que el proyecto de decreto tenia aspectos sustantivos que debían revisarse para evitar mayores violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, hicieron caso omiso a estas y otras recomendaciones, dejando entrever que, tal parece ésta reforma está elaborada para comenzar a cimentar las bases de una dictadura militar, basada en el miedo al descontento social que ha generado la administración federal, que parece se está fraguando el camino para someter y acallar cualquier tipo de resistencia social.
Y dígame si no existe fundamento para pensar en lo anterior ya que dicha reforma se aprobó dos días después de que los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) visitara el senado para entregar su segundo informe sobre el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, y explícitamente les recomendara a los legisladores privilegiar los derechos de las víctimas, avanzar en la Ley de Desapariciones Forzadas y eliminar figuras violatorias a los derechos humanos, como el arraigo.
Además la minuta de reforma proveniente de la cámara de diputados, se aprobó en tan solo siete minutos en la comisión, sin dar la oportunidad de realizar un estudio minucioso que requiere un tema tan delicado para el país como lo es el respeto a los Derecho Humanos.