La violencia sistemática contra las mujeres en México es un fenómeno que parece inadvertido de manera intencional por gobiernos de todos los niveles y las instancias encargadas de la impartición de justicia en el país.
Es alarmante que en los últimos meses, los feminicidios en México reporten un incremento, sin que haya igual número de sentencias por este delito.
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El patrón en los últimos tiempos alerta a mirar que el riesgo se concentra en jóvenes adolescentes, algunas de ellas con embarazos, quienes son ultimadas por su pareja o por algún otro integrante de su círculo familiar y de amistades.
México se mantiene en el ranking de los primeros diez donde más feminicidios se cometen.
La Alerta de Violencia de Género empieza a ser insuficiente ante los crímenes de odio contra mujeres que son ultimadas en condiciones realmente dolosas.
Las condiciones socioculturales y de inseguridad que hoy golpean a México también se reflejan en el comportamiento violento contra el género femenino donde la violencia se puede generar como resultado de las relaciones inestables de pareja, familias disfuncionales y por ser víctimas de la delincuencia.
En lo que va del año, 114 feminicidios se han cometido en Puebla que empieza a resaltar en la estadística nacional, debido a la violencia y saña con la que se han ultimado a las mujeres.
Hasta ahora el Estado de México sigue siendo un paraíso cuando de feminicidios se trata.
Más allá de estas alertas de género que sirven para hacer llamado a todas las instancias involucradas junto con gobiernos a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad del género, hace falta un nueva lógica de estructurar y armar políticas públicas que lleven no sólo incrementar penas y sentencias por este delito, sino también que sensibilicen gobiernos para incrementar campañas de prevención, destinar presupuesto a la creación de organismos intermedios que cumplan la función de ayudar a mujeres en riesgo de ser víctimas y que se puedan prevenir más muertes por feminicidios.
Los que en los últimos meses se ha reportado en diferentes entidades del país sobre muertes violentas de mujeres, nos obliga como sociedad a replantear estos programas de gobiernos en todos sus niveles, para habilitar una medida urgente que permita actuar en momentos de focos rojos como los que ahora se viven en diferentes ciudades del país.
Lo que no se puede permitir, es el silencio y que las muertes ocurran bajo el amparo de una total opacidad por parte de autoridades.
Hoy miles de mujeres están en riesgo de ser las próximas víctimas ante tanta indefensión para garantizar sus derechos y la seguridad de su integridad.
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