De todos es sabido que México es el país con mayor desigualdad dentro de las 34 naciones que integran a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Entre los problemas que agobian a la Nación, se encuentran el autoritarismo, simulación, impunidad y corrupción, que como los llamara el historiador Alejandro Rosas, son los “Cuatro jinetes del apocalipsis”, amén que se destacan otras situaciones como la desigualdad, el irrespeto al estado de derecho y a las instituciones, el hartazgo de los partidos políticos, la informalidad, baja calidad en la educación, la pobreza, etc.
No obstante lo anterior, Miguel Ángel Gurría Treviño, en su calidad de secretario de la OCDE, ha propuesto a nuestro país reducir las pensiones de los trabajadores de la generación en transición para disminuir su costo fiscal que se estima en 120 por ciento del PIB, lo que afectaría a 26 millones de mexicanos que comenzaron a cotizar antes del uno de julio de 1997 e implicaría una reducción de entre 30 y 70 por ciento en el monto de su retiro.
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En la presentación del estudio “El Sistema de Pensiones en México”, Gurría señaló que para hacer frente al desequilibrio que presentan los esquemas de reparto y de contribución definida, se propone adecuar el modelo de retiro de la generación de transición, a través de un esquema de prorrata; elevar las contribuciones obligatorias y mejorar los sistemas de protección social a la vejez.
La propuesta de prorrata consiste en establecer una fecha definida para realizar un corte de todos los derechos adquiridos por los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de 1973 y después de ese día, todos los individuos comenzarían a cotizar únicamente en el sistema de cuentas individuales.
De esta manera, al momento de su retiro se contabilizaría lo acumulado hasta la fecha del corte del sistema de reparto anterior y se sumaría al monto reunido bajo el SAR.
La cuestión aquí es porque nuevamente los ciudadanos tienen que pagar por los errores del neoliberalismo y de la clase política que lo implantó, que para no variar, son los únicos beneficiados del sistema. Irónicamente, Miguel Ángel Gurría, quien ha sido varias ocasiones servidor público de México, percibe una pensión vitalicia desde que tenía 43 años de edad, cercana a los 500 mil pesos, prestación que se actualizó mientras fue director de Nacional Financiera.
Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, destacó que las propuestas de la OCDE se tendrán que discutir abiertamente como país, lo cual requiere un gran debate nacional. Ahora aquí cabe la duda y con justa razón, si recientemente está en proceso la integración de México al Acuerdo Transpacífico y todo el cabildeo se ha hecho bajo el agua, que nos hace pensar que cuando el gobierno federal quiera tocar el tema de las pensiones, las haga de conocimiento de sus gobernados y vele por sus intereses.