Vaya precedente que han sentado los guatemaltecos para las “democracias” de América Latina con el encarcelamiento de su Presidente Otto Pérez Molina, por presunta corrupción.
Cuántos lustros más hacen falta para que en México seamos testigos de aplicar todo el peso de la ley no sólo a un Presidente del país, sino a muchos otros políticos en funciones que siguen haciendo de la corrupción, su deporte favorito.
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Con pocos bríos, se puede prever que en este país, podamos lograr aplicar todo el peso de la ley, contra la figura central del mandato, el jefe directo de todos los jefes, que tendría que experimentar todo el rigor de la ley, en caso de incurrir en actos ilícitos.
Pero en México adolecemos de esa justicia fidedigna que garantice un castigo severo a todos aquellos que abusen del poder.
Es tiempo de preguntarnos ¿para qué nos sirven gobernantes con fuero? Tal vez para garantizarles la impunidad que desde hace décadas se disfraza en México, con la palabra gobierno, poder, mandato, atribuciones.
Los alcances de la desconfianza ciudadana hacia quienes hoy gobiernan en México, ha superado los límites racionalmente convenidos.
El sistema de impartición de justicia está corroído por la corrupción e impunidad que impide aplicar la ley y por ende tener justicia en los ámbitos más representativos.
La falta de una transparencia tácita, nos lleva a mirar a los gobiernos y sus hombres, como intocables.
Resulta de suma valía lo logrado en Guatemala, un país azotado por un historial de violencia, pobreza, migración y profunda corrupción.
Muchos analistas coinciden en que el sistema endémico de protección a gobernantes que practica el poder judicial en México, hace casi imposible, pensar en ver en el banquillo de los acusados a un Presidente en funciones.
Urge desaforar la impunidad en el país; la falta de credibilidad en la figura presidencial, toca su mayor alza, en el punto medio de un mandato marcado por las ausencias, la falta de dirección y las sospechas de corrupción.
El poder judicial en México adolece de autonomía; así que mientras la impartición de justicia se practique a medias y con la condicionante de proteger a los intocables, la impunidad y corrupción seguirán siendo las etiquetas que por excelencia están marcando al actual gobierno de la República.
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