Ante las últimas noticias dadas a conocer a través de las redes sociales, donde se afirma que “más de dos mil mexicanos transfirieron en los últimos 3 años más de 417 mil millones de pesos a paraísos fiscales y que dicha suma equivale a dos veces el monto de las reservas actuales del Banco de México”, yo, como muchos mexicanos, me planteo las siguientes interrogantes:
¿Qué autoridad del país, no de los Estados Unidos, será capaz de dar a conocer públicamente la lista de tan” ilustres” ciudadanos? ¿Las autoridades fiscales mexicanas implementarán un operativo especial para investigar el origen de las fortunas multimillonarias de los cuentahabientes?
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¿El Procurador General de la República iniciará averiguaciones abriendo expedientes para indagar si el dinero depositado en las cuentas, pertenece o no a grupos de la delincuencia organizada como narcotraficantes o lavadores de dinero?
¿El Presidente Peña Nieto girará instrucciones para que se llegue a fondo en las investigaciones y se trabaje en la repatriación de dichos recursos para que se queden en el país?
¿El Ejecutivo Federal será capaz de pedir al titular de la PGR, se aplique todo el peso de la ley encarcelando a ex funcionarios, ex gobernadores o correligionarios de su partido o familiares de los mismos, que no puedan justificar el origen licito de sus fortunas? ¿La lista será utilizada con fines de negociación política?
Evitando con ello que millones de mexicanos nos enteremos realmente de dónde provinieron dichas fortunas y a manos de quién irán a parar en definitiva. Pero vayamos aún más a fondo: ¿No será ésta una oportunidad histórica para Peña Nieto? Ya que recuperando esa suma estratosférica al sistema financiero de nuestro país, se reactivará la economía y demostrará que el combate a la corrupción e impunidad, ahora si va en serio.
O bien, en el escenario más pesimista, pero que al mismo tiempo corresponde a nuestra realidad, tendremos lo siguiente:
1.- La lista de los multimillonarios nunca será dada a conocer por motivos de seguridad, a fin de que no se vuelvan víctimas de bandas de secuestradores de acuerdo a la versión de las autoridades.
2.-El SAT y las autoridades hacendarias dirán que no pueden intervenir en el asunto debido a que no tienen competencia para actuar en otros países y que mientras los cuentahabientes paguen sus impuestos oportunamente, no están obligados a dar información de cuentas e inversiones que tengan en otros países.
3.-El Procurador informará a los mexicanos que se están investigando a los que sacaron sus capitales del país y que oportunamente en 5 o más años se darán los primeros resultados, para saber si los dueños del dinero son narcotraficantes o lavadores de dinero, es decir, después de que concluya su mandato Enrique Peña Nieto el asunto será heredado a la siguiente gestión presidencial, para evitar encarcelar a personajes cercanos o prestanombres que seguramente están como titulares de las cuentas.
4.-El Presidente informará que no es posible repatriar los recursos depositados en dichas cuentas o que el procedimiento no es de su competencia, por lo que el dinero de los multimillonarios seguirá fuera del país y sin quedar sujeto a ninguna investigación.
Y por último: a EPN no le interesa el origen de dichos recursos y para evitarse mayores problemas; en los hechos sigue respaldando a los funcionarios y empresarios que aparecen en la referida lista, ya que así se mantienen intactos los compromisos que pactó desde el inicio de su gobierno. De tal suerte que la suma depositada en dichos paraísos seguirá fuera de México y sus dueños gozando de sus beneficios de por vida, con el apoyo y complacencia de las autoridades federales.
Así todos felices y contentos, menos los más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza.