Con la finalización del proceso electoral de la dirigencia nacional del PAN, cuyo resultado favoreció la reelección de Gustavo Madero gracias a la intervención directa de varios gobernadores tanto del PAN como del PRI, legisladores, así como de diversos grupos empresariales que metieron dinero al proceso además de repetir diversas estrategias como la compra del voto, amenaza de despidos, promesa de candidaturas o puestos en los gobiernos y sobre todo con el uso descarado de programas y recursos públicos en favor del candidato ganador y con denuncias por delitos electorales de parte de los seguidores del otro candidato, Ernesto Cordero, que finalmente pasarán al archivo muerto de la Procuraduría General de la República.
Se demuestra una vez más la falta de ética política y la forma cínica en que los partidos políticos se valen de todo para conservar sus posiciones o para aplastar a sus enemigos utilizando todos los medios legales o ilegales a su alcance para seguir viviendo de las prerrogativas que reciben del Instituto Nacional Electoral y de los Institutos Electorales Estatales gracias al pago de nuestros impuestos.
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Las denuncias y acusaciones de desvío de recursos, exceso de gastos, uso de dinero público terminada la contienda quedan en el olvido, es decir, nada se investigará y terminarán cobijándose los unos a los otros, negociando impunidad por conformismo; total, nadie exigirá se llegue a fondo en la investigación de las denuncias y las mismas autoridades no agotarán ningún procedimiento porque están sujetas a órdenes superiores que seguramente les indicarán que duerman el sueño de los justos.
La lección que nos dejan a los mexicanos estos procesos, es que estas mismas prácticas han hecho que nuestra democracia carezca de credibilidad y son las que se viven al interior de los partidos cuando se negocian candidaturas, se manejan en forma opaca los recursos y se nos presenta una pobre oferta de candidatos que tienen de todo, hasta antecedentes penales o investigaciones en marcha por irregularidades cometidas en puestos anteriores; esto de nada vale, los votantes debemos elegir de lo que hay y no nos es permitido cuestionar esas candidaturas, porque al mismo interior de las instituciones políticas se da mayor importancia a los grupos o tribus, que al historial de los candidatos propuestos.
Denuncias contra prominentes panistas como el “señor de los moches”, el caso de Oceanografía, los ex gobernadores albiazules acusados de peculado, por citar algunos, seguramente en su momento serán utilizados para negociar el voto de los legisladores blanquiazules en el Congreso para apoyar las leyes secundarias pendientes, porque eso sí es importante para el país, no el que los mexicanos veamos cómo se aplica la ley, sin distingos y prevalezca el estado de derecho.
El día que el peculado y los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones sean considerados por la legislación penal como graves, seguramente pensarán dos veces en cometerlos, pero mientras las cosas sigan como están, continuaremos siendo testigos de cómo crece la impunidad para favorecer a los políticos en el poder.
En materia electoral las sanciones no sirven para resarcir el daño que ocasionan los partidos al violar la ley, porque conservan el cargo y las multas a los partidos se pagan con nuestros impuestos, es decir, pagan de los que nosotros pagamos.
Por eso la política es un negocio muy redituable.