Dentro de la comunidad mundial, México se caracteriza por ser uno de los países que más tratados y convenios internacionales ha suscrito o adherido a fin de que, por lo menos en el discurso, se plantee la intención de cumplir con el respeto a determinados derechos que benefician a una población considerada vulnerable por diversas causas y así grupos como los pueblos indígenas, los adultos en plenitud, las mujeres, las personas con capacidades diferenciadas, los reclusos, los niños y los adolescentes, a través de dichos instrumentos, tienen la garantía de que el estado mexicano no sólo debe proteger sus derechos, sino también atender los casos de quejas o inconformidades que conozcan cuando le sean violados, debiendo además resarcirlos cuando sea posible o indemnizarlos.
Aunque la realidad es que ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni las Estatales han sido capaces de llevar adelante esta tarea, además de la ausencia de una política de estado que en los hechos refleje que México está cumpliendo con el contenido de los tratados que ha suscrito, ya que, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los últimos años se ha incrementado el número de niños y adolescentes que viven en condiciones de extrema pobreza, cuya situación en el corto y mediano plazo no tiene una solución a su favor porque ni el Gobierno Federal, ni los Estatales pueden brindar alternativas para que estudien y a futuro encuentren un empleo, se conviertan en ciudadanos productivos y no terminen emigrando a los Estados Unidos para emplearse como mano de obra barata o caigan en manos de la delincuencia organizada o grupos del narcotráfico quienes cada vez en mayor número incorporan a menores a sus filas ofreciéndoles un dinero que jamás en sus vidas tendrán lícitamente y que tarde o temprano terminarán asesinados o en prisión implicando un alto costo para el Estado que tendrá que mantenerlos en un centro penitenciario.
Más artículos del autor
Todo lo que el Gobierno Federal no invierta hoy en beneficio de los derechos de los niños y adolescentes, en un futuro lo gastará al perseguirlos como delincuentes y pagar sus sustento en las prisiones.
Actualmente, según cifras de un estudio realizado por la UNICEF y Coneval, Puebla se ubica como el tercer estado del país con más menores de edad que enfrentan condiciones de marginación, es decir, 1.6 millones de infantes poblanos de cero a 17 años enfrentan este problema. La entidad sólo es superada en este rubro por el Estado de México (2.8 millones de niños) y Chiapas (1.65 millones).
También en los porcentajes de población en condiciones de marginación, el estado ocupa el tercer sitio con el 72.5% de los habitantes de 0 a 17 años vive en esta situación, cuando en México el promedio es de 53.7 por ciento.
De ahí que es necesario que tanto el ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales comprendan que no es suficiente la labor de instituciones como el DIF y las Comisiones de Derechos Humanos para sacar adelante la situación que viven los infantes mexicanos, sino que debe implementarse un plan o programa a nivel nacional que atienda esta problemática, partiendo de la experiencia de países como Cuba que, a pesar de su precaria situación económica, atiende en forma prioritaria a los niños y adolescentes respetando su derecho a la educación, a la salud, alimentación y a la cultura.