El pasado 27 de agosto, el presidente Peña Nieto anunció dentro de la 34º sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 10 estrategias de su nueva política pública en los temas de seguridad y justicia, cuyo objetivo es reducir los indicadores que en los últimos años colocan a México entre los países con mas violencia.
Al respecto cabe recordar la recomendación que, sobre el tema de justicia, hizo la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas.
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“SISTEMA DE JUSTICIA
Recomendación 11. Promover una profunda transformación en el sistema de justicia, que garantice el Estado de derecho en todos los órdenes, que comprenda el reconocimiento del derecho de las víctimas; el abandono del modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio; la creación de una jurisdicción especializada para adolescentes en conflicto con la ley; la incorporación de una justicia penitenciaria y el acotamiento de la justicia militar a su ámbito propio; así como la ampliación del alcance protector del juicio de amparo. Asimismo, que unifique en el poder Judicial de la Federación los órganos jurisdiccionales que están en el ámbito del poder Ejecutivo, incluyendo los tribunales laborales, administrativos, agrarios y militares”.
“Recomendación 12. Fortalecer los mecanismos actuales de investigación de los crímenes del pasado y garantizar el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos del pasado y la reparación integral del daño”.
En su momento, el ex presiente Felipe Calderón se planteó estas propuestas, cuyos resultados fueron desastrosos, ya que se registraron casi 70 mil muertos en su sexenio relacionados con la delincuencia organizada, cifra que de acuerdo a organizaciones internacionales supera el estándar internacional de una guerra civil.
Más que las propuestas del presidente y sus buenas intensiones, los ciudadanos necesitamos conocer un diagnóstico sobre las fallas en que incurrió el calderonismo, para evitar repetir políticas públicas y acciones que den los mismos resultados. No hay responsables de los errores cometidos, ni información confiable del gasto multimillonario que para el país ha representado la guerra contra el narcotráfico.
Ni la Iniciativa Mérida ni la injerencia de los Estados Unidos han logrado evitar el crecimiento de la violencia y el número de muertos, por ello el Decálogo de Seguridad y Justicia corre el riesgo de fracasar, si no se involucra a todos los sectores de la sociedad mexicana, ya que no es posible que se proponga una reconstrucción del tejido social, cuando la población padece la falta de empleos y mejores salarios, además de la amenaza de nuevos impuestos en contra de la deteriorada economía familiar.
En los próximos meses deberán estar atentos al avance de los resultados del decálogo, ya que su éxito permitirá a los mexicanos retomar la paz social, necesaria para el desarrollo del país.