Desde el proceso de la crisis de la universidad democrática, crítica y popular en 1989, en la Facultad de derecho y Ciencias Sociales, fungía como director Jorge Ramón Morales Díaz y como consejeros universitarios docentes: Miguel Octavio Silva Corte y José Luis León Salamanca, quienes apoyaron el modelo vigente de universidad de ese momento; pero, también fueron los primeros en apuntalar el proceso de re-institucionalización con la creación de una nueva ley adherido de facto al proyecto que había presentado el rector interino Juvencio Monroy en 1990.
El 30 de marzo los abogados más responsables profesionalmente como juristas, como docentes del derecho, no dudaron en llamar al Consejo Universitaria a actuar de forma responsable para sacar de la crisis a la UAP, y destacan en este sentido el papel desempeñado por los jurisconsultos siguientes todos miembros de la academia de derecho: Jorge Ramón Morales Díaz, Manuel Santiago Pérez Chalini, Rafael Arredondo C., Carlos Arredondo C., Ana Araceli Henríquez de Rodríguez, Salvador Pérez García, Jorge Corona Trueba, Pablo Pineda y Chávez, Irma Moreno Montiel, Gabriel Hernández y Suárez, Alfonso Ortiz Rodríguez, Irma Flores Vázquez, Antonio Hernández Pimentel, Rafael Salinas Silva, Raúl Padilla Guzmán, Blanca Estela Ruiz P., Carmen Rosales E., Eduardo Romero Fajardo, Rodolfo Vega D., Otilia Solano Meneses y Tonatiuh Romero Reyes. El proyecto de nueva ley Monroy lo presentaría ante el H. Congreso del Estado hasta el 25 de mayo de 1990.
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De ese momento a nuestros días, la facultad de Derecho de la BUAP, ha mostrado una transformación inimaginable, pero en este caso solamente reflexionemos sobre sus autoridades personales – los directores- ya que el próximo 15 de noviembre del año en curso habrá de tomar la batuta un nuevo director, dentro de una institución producto de la modernidad y posmodernidad por la complejidad con la cual viene funcionando. Ya que alberga las licenciaturas de: Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Sociología, Consultoría Jurídica, Derecho y Criminología. Asimismo, se imparten las Maestrías en derecho con las especialidades en: Civil y Mercantil, Ciencias Penales, Económico, laboral y de la Seguridad social, Fiscal y Constitucional y Amparo. Más la Maestría en Ciencia (s) Política (s); todas inscritas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. Programas que exigen un arduo trabajo de docencia e investigación para cumplir satisfactoriamente con los estándares de calidad que reclama el propio sistema alimentado por el otorgamiento de Becas de más de siete mil pesos mensuales para los maestrantes.
Igualmente, la Facultad de Derecho cuenta con el Doctorado en Derecho dentro del (PNPC), con la posibilidad de otorgamiento de becas a los doctorantes por un periodo de cuatro años con apoyos económicos de Conacyt en alrededor de doce mil pesos mensuales. Los becarios están obligados a comprometerse a dedicarse de tiempo completo a estudiar e iniciarse en el arduo camino de la investigación científica y humanística. Lo cual no se haría logrado si no fuera por el apoyo y relaciones que en su momento como estudiante de posgrado formalizó el Dr. Rafael Sánchez Vázquez. Por todo esto y después de que han sido directores: Jorge Ramón Morales Díaz; Germán Molina; Pablo Salto Vázquez; Roberto Santacruz Fernández; Emiliano Pera Peláez y Guillermo Nares. Debe ser preocupación de los universitarios y en particular de quienes laboramos en la Facultad de Derecho, nombrar a un Director, que conozca en funcionamiento de la vida institucional, del funcionamiento de los sistemas y programas para apuntalar la calidad académica y sobre todo que se comprometa a cuidar que las condiciones fundamentales para mantener los posgrados en el (PNPC) y sistematizar la producción científica y humanística que se está generando en beneficio de Puebla, de México y el mundo.