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Seguridad
Acusaron además nuevas medidas que vulneran la dignidad y derechos de los reos
Torre del Cereso de San Miguel
Foto: Gran Angular
Las restricciones en el ingreso de alimentos, presuntas redes de extorsión y actos de corrupción afectan a internos del penal de San Miguel en Puebla capital y sus familiares, quienes denunciaron el aumento de dichas prácticas desde la llegada de Jorge Ortiz Delgadillo a la dirección del centro penitenciario.
Con un escrito dirigido a autoridades estatales y al que e-consulta tuvo acceso, familiares y personas privadas de la libertad (ppl) señalaron que desde septiembre de 2025, cuando Jorge Ortiz Delgadillo asumió la dirección del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, se aplicaron medidas que vulneran la dignidad y los derechos de la población penitenciaria.
Entre sus inconformidades está la prohibición que les hicieron para ingresar alimentos en recipientes reutilizables o tópers; solo les permiten el acceso de comida en bolsas de plástico. A esto se suma que personal custodio puso un límite de 600 gramos de alimentos por interno y cualquier excedente lo retienen.
Dichas disposiciones restringen la posibilidad de que las ppl reciban alimentos en condiciones dignas y reducen la comida que reciben de sus familiares, lo que alertaron aumentaría la desnutrición de los internos. Dicha información la difundió este medio a inicios de abril.
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En el texto los familiares de los reos de San Miguel aseguraron que las extorsiones en el penal continúan. Sostuvieron que algunos internos deben pagar cuotas que van de 5 mil a 20 mil pesos para abandonar la zona de castigo, denominada “estancia”.
e-consulta informó durante la cuarta semana de abril sobre presuntos cobros que lideres criminales del Cereso hacen a familiares de las ppl inclusive a través de transferencias bancarias para poder costear su vida al interior del sitio.
Además denunciaron renta de teléfonos celulares, además de venta de estupefacientes y bebidas alcohólicas dentro del centro penitenciario y que todo ocurren con conocimiento de personal del penal e incluso de la dirección.
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Los denunciantes afirmaron que todas estas acciones van contra los derechos humanos de las ppl, relacionados con integridad personal, trato digno y la reinserción social.
Argumentaron que las referidas medidas contravienen principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las Reglas Nelson Mandela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que regulan el trato de las personas privadas de la libertad.
Por ello solicitaron al gobernador Alejandro Armenta Mier y las autoridades competentes a realizar una investigación sobre las condiciones de operación del Cereso de San Miguel y atender los señalamientos expuestos en el documento.
Los días 21 y 23 de abril e-consulta publicó declaraciones de reos al interior de San Miguel que concuerdan con el texto referido que escribieron los familiares de los reclusos, en que se hace referencia a Juan Manzanares Castro, presidiario quien supuestamente controlaría los presuntos negocios ilegales.
A través de otros prisioneros, Manzanares hace cobro de piso y extorsión a los nuevos convictos y aquellos que ya adentro requieren cualquier servicio o al menos tener una vida digna. Los pagos semanales serían de hasta 3 mil pesos, con la posibilidad de llevarse a cabo mediante transferencias bancarias en tiendas OXXO.
Estos no serían los únicos cobros. Los recién llegados al penal deben sobrevivir en “estancia”, donde gente que supuestamente trabaja para Manzanares exigen hasta 80 mil pesos para que puedan abandonar la zona de “mercantiles”.
La zona de “mercantiles” se trata de dos celdas de carga en dónde ingresan hasta 100 nuevas ppl quienes permanecen hacinadas y de pie día y noche. Con esto buscan “quebrar a los nuevos”, para que desesperados pidan dinero a sus familiares y salir de dicho sitio.

(JRLM)