Acusan a pareja de adueñarse de casa en Cholula y presumir protección política

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Teresa Cuacuas, integrante del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Uno, y el cirujano plástico Juan Rafael Cárdenas, fueron señalados por presuntamente intentar apropiarse de una vivienda ubicada en Cholula, luego de negarse a pagar la renta y a desalojar el inmueble.

De acuerdo con una denuncia hecha llegar a e-consulta, la propietaria del domicilio, identificada como Zorayda, rentó la vivienda a la pareja por un monto aproximado de 20 mil pesos mensuales.

Según el testimonio, durante el tiempo que permanecieron en el inmueble, se realizaron modificaciones que ocasionaron daños estructurales, principalmente en el segundo nivel, luego de que Teresa Cuacuas instaló un invernadero sin autorización.

Tras detectar las afectaciones, la dueña del inmueble solicitó el retiro de las modificaciones y se negó a renovar el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, Teresa Cuacuas informó que no desocuparía la vivienda y dejó de cubrir el pago de la renta correspondiente.

Presume Teresa Cuacuas protección de diputada

A partir de ese momento, la víctima denunció actos de intimidación, en los que Teresa Cuacuas aseguró contar con amistades e influencias dentro de la política poblana, entre ellas la diputada Nayeli Salvatori, quien —según lo dicho— la respaldaría con apoyo del gobernador.

En redes sociales, Teresa Cuacuas publica fotografías junto a la diputada y otras integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, lo que, de acuerdo con la denunciante, reforzó el discurso de protección política.

Al iniciar indagatorias, Zorayda señaló que tuvo conocimiento de que, desde su llegada al fraccionamiento, la pareja se presentaba ante vecinos y personal administrativo como propietaria del inmueble.

Incluso, solicitaron a la administración del fraccionamiento que los recibos de servicios y cuotas fueran emitidos a su nombre, pese a que la vivienda se encontraba en calidad de renta.

Ante la negativa de la administración y la falta de desalojo, la propietaria inició un proceso legal en contra de Teresa Cuacuas y Juan Rafael Cárdenas con el objetivo de recuperar la vivienda.

El inmueble, de acuerdo con la denunciante, forma parte del patrimonio destinado a sus hijos, quienes son menores de edad.

Víctima pide respuesta de Nayeli Salvatori; acusa que borra los mensajes

De acuerdo con el testimonio, ya ha intentado establecer comunicación directa con la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, sin obtener respuesta, ya que —según lo relatado— los mensajes enviados han sido borrados o permanecen sin contestación.

La defensa legal de Zorayda informó que en más de una ocasión se enviaron mensajes a la legisladora para exponer las acciones atribuidas a su presunta amiga, sin que existiera respuesta alguna.

Esto ocurre, según lo narrado, a pesar de que la diputada ha manifestado públicamente en redes sociales brindar apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad y contar con un bufete de abogados, el cual —de acuerdo con lo expuesto— no existiría.

Ante estos hechos, la víctima solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para que se le devuelva la propiedad.

CCME se desmarca de Teresa Cuacuas

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) capítulo Puebla emitió un derecho de réplica el pasado 25 de diciembre donde precisó que Teresa Cuacuas, no forma parte actualmente del organismo, ni ostenta cargo, representación o afiliación alguna dentro del Consejo desde el 12 de noviembre de 2025, fecha en la que concluyó su vínculo institucional.

Detalló que también se terminó la relación institucional con Liliana Sánchez Tapia (Lía Tapia), quien igualmente dejó de formar parte del organismo, aclaración que se realiza únicamente para precisar la estructura actual del Consejo.

El CCME Puebla subrayó que es un organismo empresarial enfocado en la promoción del desarrollo económico, la ética empresarial y el liderazgo femenino, por lo que se deslinda de cualquier acto, declaración o asunto de carácter personal, civil, administrativo o penal atribuible a personas que no integran el Consejo, así como de cualquier uso indebido de su nombre o representación.

Finalmente, reiteró su compromiso con la legalidad, la institucionalidad y el respeto al debido proceso, y señaló que la réplica se emite para conocimiento de la ciudadanía. (MCJ)

Acusan a pareja de adueñarse de casa en Cholula y presumir protección política by reportero econsulta