Corte Suprema de Brasil confirma 27 años de cárcel a Bolsonaro por golpismo

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil declaró la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, obligándolo a cumplir 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

La decisión, tomada este martes, se produjo después de que la defensa del líder ultraderechista agotara todos los recursos legales disponibles, renunciando a presentar nuevas apelaciones dentro del plazo establecido.

Este veredicto unánime de cuatro magistrados rechazó recursos iniciales y certificó que las sentencias contra Bolsonaro y sus cómplices están listas para ejecutarse, dejando pendiente solo la determinación exacta del lugar de reclusión.

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, se encuentra actualmente detenido preventivamente en un complejo policial de la Policía Federal en Brasilia, adonde fue trasladado el sábado pasado por riesgos de fuga.

Mientras cumplía prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares previas, el exmandatario intentó dañar con una soldadora casera la tobillera electrónica de monitoreo que llevaba puesta.

Ante un juez, el exmandatario negó cualquier intención de escapar, atribuyendo el acto a una "paranoia" y "alucinaciones" provocadas por medicamentos que toma para tratar depresión y secuelas de una puñalada abdominal sufrida durante la campaña electoral de 2018.

Sin embargo, estos recursos fueron desestimados, hasta ahora; los abogados anticiparon que renovarían la petición una vez que la sentencia sea plenamente ejecutoria.

Bolsonaro fue sentenciado junto a dos ex subordinados: el diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien huyó a Estados Unidos hace dos meses, y Anderson Torres, ex ministro de Justicia, con una pena de 24 años de cárcel.

Los delitos de Bolsonaro

Los delitos por los que se le condenó a Bolsonaro se centraron en una conspiración golpista para deslegitimar los resultados electorales de octubre de 2022 y bloquear la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según los documentos de la Corte Suprema, el plan incluía declarar un estado de excepción constitucional, cuestionando la validez de las urnas, e incluso contemplaba el asesinato de Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Aunque el golpe no se consumó, la justicia federal lo calificó como un atentado contra la democracia. (MCJ)