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Acusan agresión de policías contra adulto mayor en Zacapoaxtla
La familia denunció más de 70 mil pesos en gastos médicos tras la detención violenta, presuntamente derivada de una descoordinación municipal
Agresión
Foto: Cortesía
Un adulto mayor agremiado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) presuntamente fue víctima de una agresión extrema por parte de elementos de la Policía Municipal de Zacapoaxtla.
Los delitos habrían incurrido en delitos como lesiones calificadas, abuso de autoridad, tortura, amenazas y tentativa de homicidio, según la denuncia presentada por su familia.
El incidente presuntamente se originó el 6 de noviembre, cuando Félix “N”, de 63 años, ingresó al centro del municipio para entregar despensas, siguiendo instrucciones del director de Obras Públicas, Jesús Abiel Contreras Ramírez.
Sin embargo, personal de Vialidad aseguró desconocer dicha orden y procedió a detener al transportista.
Esa falta de comunicación entre áreas municipales derivó en un operativo desproporcionado.
De acuerdo con la denuncia, los agentes sometieron a Félix “N” con uso excesivo de fuerza, lo golpearon y lo amenazaron, provocándole lesiones que posteriormente requirieron atención médica urgente y constante.
Los familiares señalaron que, ante la gravedad de las heridas, tuvieron que cubrir por su cuenta estudios y tratamientos que hasta el momento ascendieron a cerca de 70 mil pesos.
Afirmaron que ninguna autoridad municipal ofreció apoyo para atender los daños ocasionados por los elementos policiacos.
Ante la ausencia de respuesta institucional, la familia presentó una denuncia formal y buscó acercamiento con el presidente municipal Margarito Rojas Parra.
No obstante, aseguraron que no hubo acercamiento ni acciones concretas para sancionar a los responsables.
Para los denunciantes, este caso reflejó un serio problema de coordinación dentro del ayuntamiento, en el que una dependencia dio instrucciones claras mientras otra las desconoció.
Esa contradicción, señalaron, terminó afectando no a los funcionarios, sino a un ciudadano que cumplía con una tarea solicitada por la propia administración.
La familia exige justicia y medidas correctivas que eviten nuevos abusos, pues consideró inadmisible que la desorganización gubernamental derivara en un acto de violencia contra un adulto mayor que únicamente realizaba un encargo oficial. (KR)