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Marcha la 28 de Octubre en Vía Atlixcáyotl, respalda lucha por el agua en Xoxtla

La protesta también expresó apoyo a Tecamachalco y rechazó la Ley de Ciberasedio

Marcha la 28 de Octubre en Vía Atlixcáyotl, respalda lucha por el agua en Xoxtla

Foto: Gran Angular Agencia / Daniel Sandoval

La organización 28 de Octubre marchó este jueves sobre la Vía Atlixcáyotl en apoyo a los pueblos de San Miguel Xoxtla, que se mantienen en protesta por la defensa del agua de sus pozos, ante lo que consideran intentos del gobierno estatal por extraer el recurso para abastecer a la ciudad de Puebla.

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La movilización comenzó alrededor de las 10:00 horas con la participación de cerca de 300 personas. Durante la marcha, también se expresó solidaridad con habitantes de Tecamachalco, quienes, según los manifestantes, enfrentan la posible desaparición del mercado municipal.

En el caso de Xoxtla, los inconformes denunciaron que se busca perforar un quinto pozo, bajo el argumento de que el cuarto pozo será destinado exclusivamente al municipio, propuesta que ha generado desconfianza entre los pobladores.

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“Con el pretexto de dotar de agua potable a las colonias y barrios pobres de la ciudad de Puebla, el gobierno estatal trata de perforar un quinto pozo para extraer toda el agua hacia la capital”, expresaron los contingentes.

Al igual que en Nealtican, Cuautlancingo, Coronango y otros municipios de la región, en San Miguel Xoxtla hay una firme oposición a que Agua de Puebla explote sus pozos para trasladar el líquido a la capital poblana.

En total, siete municipios se han unido en esta exigencia, entre ellos Xoxtla, San Andrés Cholula, Tlaltenango y Coronango, con el objetivo de frenar los convenios de extracción firmados con la concesionaria.

Cabe recordar que hace unas semanas, habitantes de San Miguel Xoxtla cerraron la autopista México–Puebla como parte de sus manifestaciones, exigiendo respeto a su derecho al agua.

Durante la marcha de este jueves, los participantes también se posicionaron contra la llamada Ley de Ciberasedio, señalando que se trata de una herramienta para limitar la crítica a los funcionarios públicos y coartar la libertad de expresión. (RC)

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