Exfuncionarios en Hidalgo exigen 50 mdp de indemnización por despido

Extrabajadores del Ayuntamiento de Huehuetla, Hidalgo, tomaron las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Estado (STPSH) para manifestarse y exigir 54 millones de pesos (mdp) correspondientes a una demanda emitida en 2021 por despido injustificado.

La demanda 277/2021 se emitió por más de 100 trabajadores que habrían sido despedidos injustificadamente en ese mismo periodo, los cuales asistieron esta mañana a la STPSH e impidieron el acceso del personal con el propósito de presionar a las autoridades estatales.

Los extrabajadores inconformes señalaron que el conflicto inició en 2020 durante la administración del exalcalde Javier Santillán Melo y solicitaron al actual gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dar pronta solución al caso.

“Nosotros solicitamos la intervención del señor gobernador para que el tribunal intervenga y resuelva. Ya se vencieron los tiempos legales. No pedimos más que justicia y ser escuchados” indicó el representante del grupo, Vicente Martínez Pérez.

¿Cuáles son las exigencias de los extrabajadores de Hidalgo?

Los extrabajadores indicaron que fueron cerca de 147 personas afectadas por el despido injustificado, mismos que demandaron el acto tras lo que fueron reconocidos sus derechos de manera legal.

Sin embargo, a pesar de la demanda, los exfuncionarios del Ayuntamiento de Huehuetla afectados no han recibido el monto pendiente de 54 millones de pesos.

Los afectados señalaron que la manifestación será pacífica y sin bloqueos en las carreteras, pero que mantendrán cerradas las oficinas hasta que sean atendidos sus reclamos.

Entre las exigencias que los extrabajadores piden en la manifestación son la reinstalación de algunos compañeros, el pago completo de salarios y aguinaldos, prestaciones y la apertura al diálogo con las autoridades correspondientes.

Durante la toma de las instalaciones revelaron sus intenciones de bloquear la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún si no son atendidos, ya que sus derechos no se han respetado desde hace más de cuatro años por lo que culparon a la administración pasada y la actual de no resolver el acto.