Administración de Trump en conflicto por políticas de deportaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó el juicio político contra el juez federal James Boasberg, quien emitió una orden para detener durante 14 días las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos.

Trump acusó que Boasberg era un "lunático de la izquierda radical" y pidió su destitución.

Estos son los antecedentes del conflicto

Los problemas surgieron cuando la administración Trump se justificó, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para deportar a más de 250 supuestos integrantes de la banda criminal “Tren de Aragua” a El Salvador.

El juez Boasberg ordenó pausar estas deportaciones, pero la orden llegó cuando los aviones ya estaban en vuelo y fuera de la jurisdicción estadounidense.

Hasta ahora la Ley de Enemigos sólo se ha usado tres veces: durante la Guerra de 1812; y en las dos Guerras Mundiales.

Presidente del Tribunal Supremo en defensa de Boasberg

El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, respondió a los ataques de Trump contra el poder judicial, exigiendo que James Boasberg fuera destituido.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment (destitución) no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, declaró Roberts en un comunicado emitido por la Suprema Corte. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.

Roberts subrayó la importancia de mantener la independencia judicial y advirtió de los intentos de separar los poderes.

Declaraciones de Tom Homan

Tom Homan, designado por Trump como "zar de la frontera", defendió la práctica de arrestar inmigrantes sin antecedentes penales, ya que esto tiene un “efecto disuasivo”.

Asimismo, respaldó la forma de actuar de la administración y afirmó que los jueces "politizados" no obstaculizarán sus decisiones.

Aliados de Trump, entre ellos Elon Musk, han pedido el impeachment tras los fallos preliminares contra la administración Trump. Según especialistas, la estrategia de la administración ha suscitado temores de una crisis constitucional.

Se prevé que el caso de Boasberg llegue a la Suprema Corte en los próximos días, con una mayoría conservadora de seis a tres. (PSR)