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Nación
El gobernador de Nuevo León celebró la decisión del Poder Judicial, mientras espera la determinación sobre su situación jurídica
Foto / Instagram: @samuelgarcias / Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atendió dos asuntos relacionados con la política de Nuevo León (NL); primero resolvió que se debe enviar una nueva terna para la elección del fiscal general de la entidad y, segundo, que serán sus once ministros los que decidan si Samuel García enfrentará un juicio político en el Congreso de su estado por no presentar su Ley de Egresos 2023 en tiempo y forma.
Fue este 14 de febrero cuando los ministros de la segunda sala de la SCJN ordenaron el envío de una nueva terna de candidatos al Congreso de Nuevo León para que decidan quién se quedará con la titularidad de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado.
“Se declara la invalidez del acuerdo emitido por la Comisión Anticorrupción del 8 de noviembre de 2022, y del acuerdo de la misma fecha del Congreso del Estado que lo validó”, se lee en el documento que da la razón al gobernador neolonés; ahora los postulados deberán presentar carta de antecedentes no penales para concursar por el puesto.
Minutos después de darse a conocer la noticia, Samuel García festejó en redes sociales y aseguró que “la ley le dio la razón”; acusó además al Partido Acción Nacional (PAN) y al Revolucionario Institucional (PRI) de querer imponer a “Adrián de la Garza en la Fiscalía para seguir cuidando desde ahí a todos los corruptos de la vieja política”.
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Si bien por un lado la SCJN le dio la razón a García sobre la elección de titular de la Fiscalía estatal, también informó que los once ministros del Alto Tribunal analizarán y determinarán si será sometido a juicio político por el Congreso de Nuevo León.
Lo anterior ya que Samuel no entregó en tiempo y forma la Ley de Egresos 2023 de su entidad; de acuerdo con información de Milenio, el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales buscó frenar el procedimiento de juicio político contra García, iniciado por Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León el 31 de enero pasado.
De acuerdo con la información del medio, el proyecto de Aguilar Morales indica que el procedimiento de juicio político es inconstitucional, ya que “obliga al Titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León a someterse a un procedimiento que potencialmente faculta a una autoridad a separarlo de su cargo, sin ser la competente para emitir ese tipo de sanciones”. (MCJ)
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