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Política
El presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, señaló que la autoridad municipal debe acatar el ordenamiento del juez
Foto / Agencia Enfoque
La suspensión de la corrida de toros en San Martín Texmelucan que ganaron organizaciones civiles no es la antesala para que el Congreso del estado prohíba la tauromaquia y las peleas de gallos o perros.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, manifestó que el amparo es un derecho que tienen los ciudadanos, sin embargo, la sentencia no es lisa y llana, es decir, que no significa la concesión absoluta del amparo.
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“Hay que respetar lo que marca la ley y si el amparo dijo que se suspendiera pues la autoridad municipal tiene que asumir la responsabilidad y acatar lo que le mandó el juez, pero hay que ver si es liso y llano”, dijo en entrevista.
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El 9 de noviembre los Jueces Cuarto y Sexto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Procesos Federales en el estado de Puebla concedieron la suspensión de la corrida de toros programada para el sábado 12 de noviembre en San Martín Texmelucan.
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El espectáculo taurino se llevaría a cabo en el campo San Damián como parte de los festejos de la feria de San Martín Texmelucan 2022, pero fue cancelado luego de tres juicios de amparo que promovieron un grupo de personas y el colectivo “Asociación de Protectores Independientes A.C.”.
Los jueces concedieron dos suspensiones para que el ayuntamiento de Norma Layón Aarun se abstenga de aplicar la norma reclamada y suspenda de inmediato el evento que estaba por realizarse en el municipio.
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Las acciones contra la tauromaquia son respaldadas por el Movimiento Animalista de Puebla, que agrupa a más de 115 colectivos animalistas, quienes por años han luchado por la prohibición de las corridas de toros, bajo el argumento de que el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede ni debe considerarse como expresión cultural.
En el Congreso hay una iniciativa que busca prohibir la tauromaquia y las peleas de gallos o perros e imponer de uno a cuatro años de prisión y multas a quienes las organicen, promuevan, difundan o realicen, pero la discusión no ha avanzado en comisiones para su eventual aprobación.