La Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres( Conavim) instó a los  gobiernos federal y estatales a resolver las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, entre enero y julio de este año, en 27 entidades federativas, una vez que la Suprema Corte de Justicia resolvió que la penalización es inconstitucional.

Fabiola Alanís, titular de la Conavim, señaló que las autoridades locales y federales deben  asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país".

Recordó que con la resolución de la Corte se garantiza el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, debemos coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos", agregó.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer, desde  pasado 8 de septiembre,  el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto, que coincide con el llamado que hizo en su momento el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, quien celebró la decisión de la SCJN y, con ello, la ampliación del acceso a las mujeres y personas gestantes de todo el país a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a su derecho a la salud y a la autonomía, según una información del portal del periódico Excelsior.