Pide CNDH al gobierno plan de regreso seguro a clases

Un plan de acción debidamente instrumentado para un regreso a clases seguro el próximo 30 de agosto, demandó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno mexicano.

La CNDH hizo un exhorto “respetuoso” a las autoridades educativas del Estado mexicano a fortalecer la protección de la comunidad estudiantil, a través de la implementación de una Estrategia Nacional Integral.

Ante la tercera ola de covid-19 que afecta al país, la comisión señaló que el plan debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

-Capacitación del personal docente y administrativo en relación con el protocolo sanitario a seguir, previa al retorno.

- Vacunación del personal docente y administrativo.

- Sana distancia y ventilación de espacios cerrados.

- Privilegiar los espacios al aire libre para las actividades escolares.

-Controles de temperatura de toda la comunidad estudiantil, al ingreso a los planteles escolares y a los salones de clases.

-Uso de gel antibacterial y cubrebocas en los espacios cerrados

-Grupos reducidos y escalonados.

-Prever un área específica para separar a alumnos que presenten algún síntoma o malestar.

-Abastecimiento de agua suficiente y necesaria para el lavado de manos y suministro de jabón.

- Sanitización y limpieza frecuente de los salones de clases

-Involucrar a los padres, a las madres, tutores y tutoras para que repliquen en su hogar las medidas a seguir.

-Prever protocolos especiales para los estudiantes con alguna discapacidad o que requieran un tratamiento especial.

-Apoyo psicológico para el proceso de adaptación de vuelta a la rutina escolar, contribuyendo con ello a un buen desarrollo mental.

A través de un comunicado, la CNDH señaló que estará pendiente de que se respeten los derechos humanos de los alumnos, toda vez que en su mayoría son menores de edad y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a esta parte de la población como titulares y sujetos plenos de derechos, lo cual, obliga a todas las autoridades a considerar el interés superior de la niñez y adolescencia en todas las decisiones que los involucren, según una información publicada por el diario Excelsior.