Estados malgastaron dinero para Salud; ante Covid están pobres

Las 32 entidades del país malgastaron, en una década, parte del dinero que debía destinarse a servicios de salud, en bonos de fin de año y comisiones sindicales que no estaban presupuestadas, en pagos a médicos fantasma, en compras de medicamentos con sobrecosto y material de curación caduco, entre otras irregularidades.

En 10 años, la ASF ha hecho observaciones por irregularidades en la forma en que los estados gastaron 41 mil 895.3 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), según una información del diario El Universal.

Los recursos del FASSA son para que las entidades federativas presten servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social. Este fondo está estrechamente ligado con el Seguro Popular, ya que comparten infraestructura, medicamento y personal médico.

En 10 años, la ASF ha hecho observaciones por irregularidades en la forma en que los estados gastaron 41 mil 895.3 millones de pesos de este fondo. Las recuperaciones que se lograron durante el transcurso de las revisiones y hasta la elaboración del informe final de auditoría, fueron apenas de 6% de lo observado.

No comprueban inversiones

En 2018, las 32 entidades del país recibieron más de 95 mil millones de pesos del FASSA; sin embargo, tras las auditorías realizadas, la ASF encontró irregularidades por 4 mil 935.2 millones de pesos. Estos recursos servirían para contratar a unos 142 mil médicos especialistas [cada uno con un salario de 34 mil 755 pesos] en este contexto de pandemia.

En la revisión de la última cuenta pública de 2018, los auditores alertaron sobre pagos por 80.3 millones de pesos a personal médico que no logró ser encontrado en sus centros de trabajo en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Zacatecas.

La anomalía más recurrente ese año fue que los estados no comprobaron en qué gastaron 2 mil 155.8 millones de pesos, al carecer de documentación que amparara las compras. Esto representó 43.7% del monto observado.

Otra falla repetitiva que se presentó en 21 entidades fue que los gobiernos hicieron pagos excedentes o no autorizados en sueldos, prestaciones o estímulos y contrataron especialistas que no acreditan el perfil académico con ningún documento.

También es común que se realicen pagos al personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen relación laboral y el pago por obras que no se ejecutan, servicios que no se realizan o compren medicamentos no incluidos en el cuadro básico. Esto último alcanzó observaciones por 141.6 millones de pesos en 2018.