Quieren prohibir en Puebla castigos corporales contra niños

En Puebla se busca prohibir que los castigos corporales se usen como método para disciplinar menores de edad, pues se advierte que estos generan secuelas en la salud. También se pretende regular las adopciones y hacerlas irrevocables.

En el Congreso del estado se presentó una iniciativa para que los golpes, pellizcos, tirones y demás actos de reprensión física sean prohibidos por ley.

Para esto se busca modificar el artículo 42 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado, que actualmente dicta:

“Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán el cumplimiento del mismo”.

La reforma consiste en agregar otro párrafo que diga: “queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como método correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes”.

El proyecto de ley señala que, de acuerdo con la Unicef, los castigos corporales pueden generar un “deterioro permanente de la salud física y mental, con efectos sociales y laborales negativos que pueden retrasar el desarrollo”.

A la vez enfatiza que “el estrés ocasionado por el maltrato puede perturbar el desarrollo temprano del cerebro, y afectar el sistema nervioso e inmune”, mientras que “los adultos que fueron abusados de niños desarrollan un alto riesgo de comportamientos peligrosos, como volverse perpetradores de violencia o seguir siendo víctimas. Además, pueden desarrollar depresión, obesidad o convertirse en fumadores”.

La iniciativa fue presentada por la diputada priista Rocío García Olmedo y se encuentra en análisis de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez.

Regularán adopciones

Otra iniciativa contempla reformar la misma ley, pero para regular de forma más estricta las adopciones y hacerlas irrevocables.

Se contempla agregar varios apartados al artículo 32 bis para que ahora la Procuraduría de Protección (que depende del DIF), vigile por al menos tres años a las familias que adoptaron, a fin de verificar que los menores vivan en un buen ambiente familiar.

Las reformas precisan que las verificaciones deberán ser periódicas, aunque no invasivas, para no molestar a las personas.

Con el propósito de evitar juicios en el futuro, se pretende hacer que las adopciones sean irrevocables, por lo que ahora se pedirá por escrito que el menor de edad avale su adopción, en el caso de adolescentes, mientras que cuando se trate de niños, la Procuraduría evaluará a los solicitantes y junto con un juez determinarán si se otorga o no la adopción.

Para determinar esto se tomarán en cuenta la situación psicológica, social y económica de los solicitantes, así como su estado de salud.

También se plantea crear un padrón con los datos personales de los adoptantes y los adoptados, para que exista certeza en los trámites.

Las reformas se dan luego de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta denunciará la supuesta venta de menores desde el DIF estatal, aunque a la fecha no ha presentado pruebas de ello.

La iniciativa para las modificaciones es promovida por la diputada del PES, Nora Yéssica merino Escamilla y se encuentra bajo análisis de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez.