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Discriminan a indígenas en juicio por desaparición forzada, acusan

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Laura Ruiz  |
 Miércoles, Noviembre 27, 2019

El caso es el de Sergio Rivera Hernández, desaparecido en la región de Tehuacán en 2018

Integrantes del Movimiento Agrario Indigenista Zapatista (MAIZ) acusaron discriminación hacia población indígena poblana que rinde testimonio en el primer juicio de desaparición forzada del país.

Se trata del caso del defensor de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales, Sergio Rivera Hernández, quien el 23 de agosto de 2018 desapareció cuando transitaba la comunidad de San Pablo Zoquitlán, en su motocicleta. 

Aunque 14 pobladores le vieron con trabajadores del gobierno local que ahora fueron llevados al juicio, desde que el proceso inició el 20 de noviembre no les han garantizado el acceso a intérpretes y traductores que conozcan de manera integral su dialecto. 

A ello, dijo, el dirigente de MAIZ, Omar Esparza, se suma que las personas encargadas de interpretar las declaraciones estuvieron relacionadas en el pasado con los acusados y consideró que debió elegirse a un juez oral de Tehuacán donde se realiza el proceso y en cambio asignaron a un juez de Tecamachalco que ha sido parcial. 

"Nosotros decimos, parece que el juez trae consigna y nosotros lo que queremos es justicia", dijo en entrevista. 

Hasta ahora han tomado la declaración a siete de los 14 testigos, el juicio se suspendió por irregularidades y no descartan pelear porque se repita el proceso por las irregularidades con la interpretación. 

El juicio, explicó Esparza, había generado altas expectativas entre activistas del país, pues aunque son varios los casos de desapariciones forzadas, en este caso hubo testimonios que permitieron llegar a esa instancia. 

Antes de su desaparición, Rivera Hernández, también integrante del MAIZ, se caracterizó como un defensor de comunidades indígenas con derechos humanos violentados como consecuencia de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzatlán de la compañía Minera Autlán

Tras los hechos del año pasado, sus familiares han padecido además de la incertidumbre de no saber su paradero, amenazas vía telefónica y un allanamiento de autoridades ministeriales en su casa. 

Foto: Especial

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