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Política

Auditoría reporta anomalías en 136 cuentas públicas de 2017

Política   /   
Héctor Llorame  |
 Miércoles, Septiembre 18, 2019

Los imputados deberán solventar las observaciones para evitar un proceso administrativo

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en 136 cuentas públicas de 2017 correspondientes a ayuntamientos, organismos y universidades, cuyos titulares deberán aclararlas para evitar procesos administrativos y sanciones.

Los informes de fiscalización de cada cuenta pública fueron aprobados por el Congreso del estado en la sesión ordinaria del pleno de este miércoles.

Por mayoría, con abstenciones del PRI y PAN en la votación, se validaron los informes cuatro meses después de que los envió la ASE, pues llegaron desde mayo y la Comisión Inspectora no les había dado trámite.

Con la aprobación, los sujetos obligados podrán comenzar a aclarar las anomalías en el ejercicio de recursos públicos reportadas por el organismo.

Entre los ayuntamientos con observaciones se encuentran Acatlán, Chietla, Cuautlancingo, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Nopalucan, Oriental, Pahuatlán, Quecholac, Pantepec, San Nicolás de los Ranchos y Santa Isabel Cholula.

También Tepeaca, Tepexi, Tlaola, Tlatlauquitepec, Tochimilco, Tulcingo, Vicente Guerrero, Xicotepec, Xochiltepec, Yehualtepec y Zacapoaxtla.

En cuanto a los organismos estatales con observaciones se encuentran el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaipue), aunque ambos solventaron la mayoría de sus observaciones antes de que se concluyera el informe de fiscalización.

El Instituto Poblano de las Mujeres y el Instituto de la Juventud fueron objeto de observaciones, el Instituto de Administración Pública del Estado, así como los institutos tecnológicos de Huauchinango, Sierra Norte, Ajalpan y Libres.

Legan iniciativas de Barbosa

En otro punto de la sesión ingresaron dos iniciativas del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para reformar el decreto de creación de Ciudad Modelo y para pasar el Servicio Médico Forense a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera contempla retirar al organismo público descentralizado (OPD) la facultad de administrar los servicios públicos y se la devolverá a los cinco municipios en que se encuentra.

Con ella se busca suprimir los artículos que se consideran violatorios de la autonomía municipal de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec.

Con la otra se pretende retirar el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y adherirlo gradualmente a la FGE.

Los proyectos de ley no se leyeron y únicamente se turnaron a comisiones para su análisis y posterior aprobación.

Foto: Archivo e-consulta

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