Descarta Sánchez Cordero que Ley Garrote criminalice protesta social

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó que la Ley Garrote que se comenzó a aplicar en Tabasco criminalice la protesta social.

Durante su visita a Puebla, en la que asistió a la toma de gobierno de Miguel Barbosa Huerta, los reporteros le preguntaron a Olga Sánchez Cordero si la Ley Garrote fue diseñada para reprimir manifestaciones sociales.

Olga Sánchez Cordero respondió que la ley no es para criminalizar protestas y sugirió que los que no estén de acuerdo con la Ley Garrote pueden interponer un recurso jurídico.

“Quien no esté conforme con alguna disposición legal, puede recurrirla ante las instancias correspondientes”.

El 31 de julio, las autoridades de Tabasco publicaron en el diario oficial local la ley que endurece las sanciones para quienes utilicen los bloqueos de instalaciones y vías públicas para extorsionar.

La norma fue bautizada por la población como la Ley Garrote y comenzó a aplicarse desde el 1 de agosto de 2019.

En el artículo 308 bis del Código Penal se indica que a quien impida el libre tránsito de personas podría recibir hasta 13 años de prisión y pagaría unamulta de hasta 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

“Al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito d personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajo u obras pública o privada en las vías o medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

“La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito, el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

En el artículo 299 se precisa que a quien impida que se ejecuten obras públicas se le impondrán multas de hasta 13 años y multa de hasta 2 mil UMA.

“La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo, por sí o por interpósita persona, pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo; cuando se utilice violencia o se cometa por dos o más personas”.

Marcos Medina Filigrana, secretario de Gobierno de Tabasco, aseguró que ya están listos para responder los recursos jurídicos que se interpongan para tratar de que no se aplique la nueva norma.

El funcionario aseguró que nueva disposición es completamente legal y precisó que no viola los derechos humanos.

Foto: Agencia Enfoque