Ex ediles presos piden también dinero y obras en juntas auxiliares

Los diputados locales también deben legislar sobre los presupuestos y obra pública, así como los salarios de los ediles y regidores en las juntas auxiliares, y no solo devolver el manejo de los juzgados del Registro Civil.

Así lo consideraron Leonardo Báez Serrano y Raúl Pérez Velázquez, quienes el sexenio pasado fueron encarcelados por oponerse a la reforma que aprobó el Congreso a la Ley Orgánica Municipal, para retirar facultades a los presidentes auxiliares.

Hilario Gallegos Gómez, quien también formó parte del movimiento opositor hace cinco años, coincidió en que la nueva reforma también debe abarcar el nombramiento de comandantes y de obras que se realizan con fondos federales, como el Ramo 33.

No obstante, todos coincidieron en que los cambios aplicados por los actuales legisladores son acertados y subrayaron que representan un compromiso de la campaña electoral pasada.

Deben regular recursos

Pérez Velázquez, quien fue liberado en diciembre de 2015 y restituido como edil de San Miguel Canoa, indicó que antes de la reforma de 2013 el ayuntamiento otorgaba a las juntas auxiliares recursos por 120 mil pesos, después de los cambios la cifra bajó a 90 mil pesos y este dinero era para cubrir el salario de los presidentes y regidores subalternos.

Ante ello, los recursos disponibles para otorgar apoyos o cubrir las necesidades más urgentes eran mínimos. “La gente te pedía tapar un bache y tenías que ir a comprar un bulto de cemento”, comentó Leonardo Báez, quien era presidente auxiliar de La Resurrección hasta que fue encarcelado. En abril de 2016 obtuvo su libertad, pero no fue reincorporado en el cargo.

Velázquez indicó que desde 2014 las juntas auxiliares permanecen también sin un juez de paz y sin auxiliar del Ministerio Público (MP), lo que ha dificultado la presentación de denuncias en caso de haber sido víctima de algún delito. “Se tiene que ir hasta la fiscalía y ya sabe que ahí se gasta uno mucho tiempo”, acotó.

Por otra parte, comentó que la reforma de 2013 también retiró a los ediles la facultad de nombrar a comandantes como encargados de seguridad pública, lo que complicó la situación de inseguridad que ya vivían las juntas auxiliares. Agregó que no hay efectivos en esas zonas y cuando hacen llamados de auxilio, escasas veces son atendidos.

La obra pública también debe normarse

Por su parte, Báez Serrano cuestionó que hace cinco años se haya quitado a los ediles subalternos la facultad de contratar proyectos de obra pública, lo que provocó que las comunidades no pudieran cubrir sus necesidades en materia de infraestructura.

En ese sentido, Gallegos señaló que debe normarse la aplicación del Ramo 33 y la cantidad de recursos que se deben entregar a las juntas auxiliares, ya que estas no tienen las mismas necesidades.

“No es lo mismo Canoa que San Baltazar Campeche, tienen urgencias distintas”, y recordó que uno de los compromisos de la alcaldesa capitalina Claudia Rivera Vivancofue el otorgar el 30 por ciento de los recursos para estas localidades.

Agregó que otro punto es la asistencia de los presidentes y regidores auxiliares a las sesiones de Cabildo de los ayuntamientos, en las que tendrían voz pero no voto.

Foto / e-consulta