Investigadores INAH condenan desaparición de activista en Puebla

Antropólogos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunciaron en contra de la criminalización de activistas opositores a los megaproyectos de muerte en Puebla y condenaron la desaparición de Sergio Rivera Hernández, de quién no se sabe nada desde el pasado 23 de agosto.

Lo anterior se realizó a través de un desplegado firmado por Eliana Acosta Márquez; Giovanna Gasparello; Verónica Ruiz Lagier; Rosa María Garza Marcué; Eckart Boege Schmidt; Laura Elena Corona de la Peña; Mariana Rivera García; Jesús Antonio Machuca Ramírez; Claudia Harris Clare; Cecilia Vázquez Ahumada y Francisco Javier Guerrero Mendoza.

En el texto se condena la desaparición de Sergio Rivera Hernández, originario de la comunidad nahua de Coyolapa, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y activista opositor de la minera Autlán en la Sierra Negra, donde se pretende la construcción de una hidroeléctrica que dejaría un importante impacto ambiental a cambio de dar energía a la transnacional.

La última vez que se supo de Sergio fue el 23 de agosto, al filo de las 18:00 horas, cuando lo vieron a bordo de una motocicleta mientras era seguido por sujetos en una camioneta blanca, sin embargo para cuando lo buscaron, solo hallaron la moto abandonada en la carretera que conecta las comunidades de Tepexilotla y Tepetolonzi.

Aunque se dio parte a las autoridades municipales de Zoquitlán y a la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no hay información que permita determinar su paradero, situación que preocupa pues quienes lo conocen aseguran que ya había recibido amenazas de muerte relacionadas con su activismo.

A los activistas se les criminaliza: investigadores

En el desplegado se contextualiza la desaparición de Sergio en un plano dónde "en menos de tres meses en Puebla han asesinado y desaparecido a tres opositores a los megaproyectos, mejor conocidos como proyectos de muerte".

En el recuento se menciona, además de la desaparición de Sergio, el caso de Manuel Gaspar Rodríguez, asesinado en mayo y ligado a la lucha contra la imposición de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Cuetzalan, así como el de Adrián Tilihuitl, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en la misma región.

"El estado de Puebla, que además de su biodiversidad se distingue por su pluralidad lingüística, étnica y cultural, hoy se encuentra violentado por los múltiples proyectos extractivos, como son minería a cielo abierto, pozos petroleros, hidroeléctricas, gasoductos, explotación por fractura hidráulica (fracking) y procesos asociados", sentenciaron.

Puebla es de los tres estados con más activistas asesinados

Esta semana se publicó el informe "Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad Informe junio de 2017 a mayo de 2018", del cual se desprende que la entidad poblana está entre los tres estados con más casos de asesinatos y amenazas en contra de activistas.

De las consideradas ejecuciones extrajudiciales, Puebla aparece con siete, mismo número que Oaxaca y solo superados por Guerrero, donde de acuerdo con el informe, se perpetraron al menos 12 de esta índole.

Asimismo destaca que se han documentado 16 casos de activistas violentados por el Estado en el último año, resaltando agresiones a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y Aarón Varela Martínez, este último precandidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan.

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