Gobierno
Propone Gali cancelar registro a Uber y Cabify si alteran información
La propuesta del gobernador se analizará en la Comisión de Transporte; se prevé que la próxima semana se vote a favor
Vigilar a los conductores de Uber y Cabify, actualizar el padrón de choferes de manera mensual y de las cartas de antecedentes no penales cada seis meses, y la obligación de presentar pruebas toxicológicas, psicológicas y la certificación en programas de género, derechos humanos y discriminación, es parte de la reforma a la Ley del Transporte del Estado de Puebla.
El documento que presentó el gobernador Antonio Gali Fayad implica nuevos lineamientos para las Empresas de Redes de Transporte (ERT) tras los hechos delictivos en los que se vieron involucrados choferes de plataformas digitales.
La propuesta sólo modifica lineamientos específicos que desde 2015 se establecieron para el servicio ejecutivo, modalidad en la que se encuentran Uber y Cabify.
El proyecto de Gali Fayad plantea que la cancelación del registro como Empresa de Redes de Transporte se dará si se altera la información contenida en las plataformas digitales de las particulares, tal como lo considera la fracción VI del artículo Quater.
En ese mismo apartado, se advierte que los particulares permitirán a la SIMT el “acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilice la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios”.
Dentro de los cambios que se prevén aprobar desde la Comisión de Transporte está la actualización del padrón de socios y conductores de las ERT, mismo que deberá de cumplirse de manera mensual ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT).
Asimismo, los conductores estarán sujetos a que cada seis meses tendrán que renovar su carta de antecedentes no penales, y cuando una persona solicite dar el servicio ejecutivo, las empresas estarán obligadas, por medio de un tercero, a hacer una búsqueda en bases multijurisdiccionales para comprobar que no cometieron delitos en otros estados.
Además, se pedirá a las ERT que cuenten con certificaciones oficiales de sus conductores en programas de capacitación de discriminación, derechos humanos y género, y que instituciones públicas o privadas acrediten a los chóferes en exámenes toxicológicos y psicológicos.