Universidades rechazaron colaborar en amparo contra gasolinazo: El Barzón

Universidades del estado y el Colegio de Economistas negaron ante el Poder Judicial contar entre sus académicos con economistas que pudieran fungir como peritos en los juicios de amparo contra el “gasolinazo”, denunció el equipo legal de El Barzón Puebla, organización que encabeza el proceso de más de 500 ciudadanos.

El dirigente Alejandro Carbajal y el abogado Gerardo López, miembros del colectivo que interpuso en el estado 16 amparos colectivos, lamentaron la respuesta presentada ayer por las diferentes casas de estudios, manifestándose en imposibilidad de participar en el proceso judicial.

López indicó que ante la falta de peritos en economía, por parte del Poder Judicial, éste recurre a instituciones a las que solicita la participación de especialistas capaces de rendir informes especializados. Fue así que el pasado 7 de agosto convocó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Iberoamericana (UIA), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Tecnológico de Monterrey y Colegio de Economistas, pero ninguno de los centros de estudios superiores accedió a que sus miembros se desempeñaran como peritos en el proceso legal en el que ciudadanos se inconformaron con el desmedido aumento al combustible.

Rosa Isela Ávalos Méndez, abogada general de la BUAP, respondió a jueces federales que además de que no había interés, la institución no contaba con especialistas o personal que pudiera fungir como perito en economía en el proceso señalado.

Una respuesta similar fue registrada por las otras universidades y por el Colegio de Economistas.

El Tecnológico de Monterrey varió en su argumento: “Los profesionistas que pudieran cubrir el perfil de peritos en economía se encuentran dentro de sus actividades escolares en el año en curso por lo que les es imposible participar”.

Los integrantes de El Barzón Puebla calificaron la respuesta de las universidades de cobarde y timorata, pues con esta posición también se perdió la oportunidad de defender a la ciudadanía de la inyección del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles fósiles, disel y gasolinas, que trajo como consecuencia una “inflación histórica” registrada en los últimos 18 años.

“Como juristas, consideramos que es vergonzosa la actitud y respuesta de universidades, lamentamos sobre todo de la BUAP y la UIA, quienes se han caracterizado por ser universidades al servicio del pueblo y los intereses de las clases sociales más pobres, en la hora definitiva se manifestaron a favor del poder y han ignorado esta batalla jurídica que se da a lo largo del país”, aseguró El Barzón.

“Al juez de distrito no le quedará otra opción que recurrir a instancias gubernamentales para que presenten a un perito, pero éste tendrá una resolución tendenciosa, no podrá ir en contra de sus patrones; pedirle que apoye la lucha ciudadana será pedirle peras al olmo; su dictamen jamás beneficiará al pueblo”, dijeron Carbajal y López.

“Las universidades tendrán la responsabilidad histórica de haber fallado a la nación. Ahora ya nada se puede hacer, el plazo se agotó”, dijo el abogado Gerardo López.

Puebla se sumó a los amparos en el país

A partir de la entrada en vigor del incremento en el precio de los combustibles en el inicio de este año, Puebla se sumó a los más de mil amparos contra del “gasolinazo”.

El pasado 9 de enero, el Juzgado IV de Distrito admitió el amparo 22/2017 en Puebla que demanda al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, a las dos Cámaras, a la SHCP, por el decreto que –señala- empobrece a los mexicanos.

Desde que fue admitido el amparo, El Barzón ha enfrentado diversos obstáculos.

Luego de estar congelado por más de cuatro meses, en julio se reactivó el proceso.

El pasado 31 de julio El Barzón Puebla pudo presentar a su perito en economía, Alejandro Chávez, investigador de la BUAP, quien sostuvo ante el Poder Judicial que con el aumento al IEPS se impactó a la economía familiar, porque la gasolina es un insumo básico de las cadenas de producción, por lo que este disparo en el precio deriva en un aumento en los precios de la canasta básica.

Este peritaje fue respondido el 3 agosto por la contraparte. El perito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expuso que se tendría que acreditar que un ciudadano es consumidor de gasolina, para acreditar la afectación directa por “el gasolinazo”, e insistió en que no todos los quejosos tenía auto y no había manera de probar que fueran perjudicados.

Ante las dos posiciones, el Poder Judicial convocó a un tercer perito “personaje en discordia” cuya opinión ayudaría al juez a tomar una decisión.

Ante la negativa de las universidades, los litigantes de El Barzón señalaron que el juez no tendrá más opción de girar un oficio a la Secretaría de Economía delegación Puebla solicitando al especialista.