Miércoles, 20 De Mayo De 2026 | Puebla

Sociedad

Teme OCLP allanamientos y espionaje si se aprueba ley de seguridad interior

Señalan que el Congreso local llama a formalizar que fuerzas armadas patrullen calles, sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos

Teme OCLP allanamientos y espionaje si se aprueba ley de seguridad interior

Integrantes del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano se pronunciaron hoy contra el Punto de Acuerdo promovido por la representación del Partido de Acción Nacional (PAN) y aprobado sin discusión, para exhortar al Congreso de la Unión a que dicte a la brevedad la Ley de Seguridad Interior.

Marco Antonio Mazatle e Irene Herrera expresaron su rechazo y preocupación por la iniciativa de los diputados Jorge Aguilar Chedraui y Francisco Rodríguez Álvarez para que las fuerzas armadas, Ejército Nacional y la Marina Armada de México patrullen calles, allanen domicilios y, en general, cumplan la función policiaca.

“Este fin de semana la ciudadanía recibió otro golpe. Sin discusión y de manera urgente y de espaldas a la sociedad se hace esta recomendación desde el Congreso local. Queremos expresar que no es la voz de los ciudadanos; este llamado al Congreso de la Unión se hizo sin la anuencia de la sociedad”, dijo Mazatle.

“Como organización, reiteramos que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares, hacerlo de esa manera es permitir un régimen de excepción que viole derechos como el de libre tránsito, entre muchos más”, sostuvo el exlíder del Sindicato de Telefonistas de México.

Mazatle y Herrera advirtieron que organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostienen que la militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, resultaría en un incremento en la violencia y de violaciones a los derechos humanos así como mayores niveles de impunidad

Los activistas alertaron también que este Punto de Acuerdo urge a los diputados federales a soslayar los llamados que ha hecho la sociedad civil para impedir esta medida, apoyando las reformas a la Constitución pertinentes pues el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, según se señala en el artículo 73 de la Constitución.

“La Ley de Seguridad Interior habilitaría el espionaje de manera oficial para que el gobierno pueda obtener información privada de cualquier manera, sería una licencia para que el gobierno utilizara la fuerza, incluso letal, para controlar la protesta pacífica”, aseguraron Mazatle y Herrera.

Expusieron que la impunidad del Ejército Mexicano ha sido evidente desde Tlatlaya hasta Palmarito, pasando por los eventos de Ostula Michoacán en 2015.

En Tlatlaya, elementos del 102 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a un grupo de civiles ya rendidos. De las 22 personas muertas, la CNDH reconoció a 12 como víctimas de la ejecución arbitraria. En Palmarito Tochapan, se viralizó un video de la ejecución de una persona a manos de un soldado al que el Ministerio Público acusó de homicidio calificado pero no presentó las pruebas suficientes para vincularlo y a la fecha no hay nadie rindiendo cuentas por este crimen, dijeron los miembros del OCLP.

Documentan abusos de las fuerzas armadas

El OCLP refirió cifras de la organización “Seguridad sin Guerra”, que se ha dedicado a documentar los abusos del Ejercito Mexicano desde el régimen de Felipe Calderón.

Por solicitudes de información pública, se sabe que la Procuraduría General de la República tiene carpetas de investigación por 1 mil 273 denuncias por tortura a manos de militares entre 2006 y 2014.

Desde que comenzó la estrategia de intervención militar, el número de homicidios dolosos aumentó de 122 por ciento. En sólo cuatro años se pasó de 10 mil 253 muertes anuales, en 2007, a 22 mil 852, en 2011. Actualmente suman más de 213 mil homicidios dolosos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), señalaron

También se ha registrado un aumento de desapariciones: más de 30 mil 942 personas se encuentran desaparecidas sin contar personas migrantes, según se ha documentado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 2017 (RNAPED).

En Colombia desaparecieron 60 mil personas en 45 años, en México la mitad de esta cifra en tan sólo 4 años, destacaron Mazatle y Herrera.

Cifras de la CNDH

De 2000 y 2006, la CNDH registró 1 mil 135 quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos y 11 recomendaciones al gobierno mexicano. De 2006 a 2016 la CNDH ha registrado 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones en contra de las fuerzas armadas. 1,075 quejas y más de 14 recomendaciones en promedio al año, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el ejército mexicano mata a 8 personas por cada una que hiere. Entre 2008 y 2014, el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con fuerzas federales) del ejército y de la Marina fue de 10.4 y 16.8 respectivamente. Muy superiores al índice de 6.6 reportado por la Policía Federal, señalaron.

En estados donde la militarización data de décadas atrás, como Guerrero, la violencia ha ido en aumento permanente. En 2015, Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios en el país: 54.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos del Instituto para la Economía y la Paz.

El OCLP se pronunció también para que se emprendan auditorías y revisiones a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado para eliminar la corrupción y abuso de información para la detención de líderes de grupos delictivos.

Se pronunció también porque Jesús Morales, titular de la SSP, y Carrancá Bouguet comparezcan ante el Congreso local para que expliquen el avance de la inseguridad en el estado así como las acusaciones de protección a grupos de la delincuencia organizada para frenar o entorpecer su detención.

Mazatle también se refirió a la denuncia pública del ex director general de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Luis Ruiz Simiano, señalando al subsecretario de inteligencia, Marco Antonio Aguilar Trejo, de estar coludido con Roberto de los Santos de Jesús, líder de “Los Bukanas”, líder del crimen organizado, por lo que habría fracasado su captura.