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Política
El tema no se incluye en la reforma electoral porque no está regulado en ninguna de las legislaciones de los estados del país, explicó la diputada local por el PRI, Silvia Tanús Osorio.
Al no estar regulado en las legislaciones locales, el Congreso del Estado tuvo que excluir de la reforma electoral el criterio de violencia política contra la mujer, precisó Silvia Tanús Osorio.
Para la priísta, la determinación de solicitar al Instituto Electoral del Estado (IEE) que se encargue de emitir los lineamientos sobre las posibles conductas que afectarán a las mujeres que busquen participar en el proceso electoral de 2018, fue la opción más viable para permitir condiciones de equidad.
“En ningún estado de la República está normado todavía, nada más en la Cámara de Diputados y Senadores. Lo que estamos pidiendo es que adopte el Instituto Electoral del Estado el Protocolo de Violencia Política. Vamos a estar pendientes; era eso o no sacar nada”, declaró.
Tanto en el trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales como en el pleno, los legisladores dejaron fuera de la votación las propuestas hechas por Tanús Osorio y la perredista Socorro Quezada Tiempo para determinar las conductas en las que, desde los partidos políticos y el IEE, se incurriría en actos de violencia política contra la mujer.
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Al dejar fuera el tema, el órgano legislativo puso a consideración del pleno un punto de acuerdo para que sea el Consejo General del IEE el que se encargue de acordar las acciones o lineamientos para prevenir, definir y sancionar las conductas que configuren la violencia política de género.
Durante la elección a la gubernatura de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió que los acuerdos tomados por los consejeros del IEE, entre ellos la campaña de promoción al voto, vulneraron los derechos de las entonces candidatas Ana Teresa Aranda Orozco (independiente), Roxana Luna Porquillo (PRD) y Blanca Alcalá Ruiz (PRI).