Juez aplaza por segunda ocasión audiencia de Eduardo Rivera

El retraso en el que incurrieron las direcciones jurídicas del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para entregar los informes del proceso fiscalizador en contra de Eduardo Rivera Pérez, tuvo como resultado el aplazamiento hasta el 28 de junio la audiencia a realizarse entre ambas partes.

Ésta es la segunda ocasión que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales difiere la audiencia para desahogar el juicio de amparo con el que Rivera Pérez intentará dejar sin efecto el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) aprobado por el Congreso en diciembre de 2016, y que a la postre sirvió para inhabilitarlo por 12 años y multarlo con 25.5 millones de pesos.

Como sucedió el 25 de abril, fecha establecida para la primera audiencia, el Congreso y la ASE recurrieron a entregar el informe solicitado por el juez federal a horas de que se diera la comparecencia de las representaciones jurídicas del legislativo, el órgano fiscalizador y de Rivera Pérez.

Tras esta falta, el juez federal programó la comparecencia para el 24 de mayo, y ordenó a las representaciones jurídicas del legislativo y la ASE a entregar informe sobre el IPADR que se inició a Rivera Pérez, documentación que tenía que remitir en un plazo de tres días.

Sin embargo, la Dirección General Jurídica de la ASE, a cargo de Horacio Ancheita del Río, solicitó una prórroga de 20 días para concluir con la entrega de la información, la cual se negó, y posteriormente le informó que las seis cajas remitidas al juzgado no tenían relación con los actos impugnados por el exalcalde de Puebla.

Rivera Pérez inició su defensa ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales ante el incumplimiento del Congreso y la ASE de responderle, en un plazo no mayor a 30 días, si solventó las observaciones hechas a su cuenta pública 2013 por el IPADR.

Tras aprobarle el procedimiento, en diciembre de 2016, el órgano fiscalizador y la Comisión Inspectora debieron informarle en enero si justificó las irregularidades detectadas a su ejercicio fiscal por medio de una audiencia, la cual se le concedió hasta el 3 de abril.

Sin embargo, dos días después, la Comisión Inspectora aprobó un dictamen que considera inhabilitarlos por 12 años sancionar económicamente por 25.5 millones de pesos al exalcalde de Puebla.

El 7 de abril, ante el pleno del Congreso y por mayoría de votos, los diputados dejaron firme el dictamen contra Rivera Pérez.

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