Se deslinda JACH del desalojo; dice desconocer quién lo ordenó

El líder del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui se deslindó del desalojo que policías estatales realizaron la madrugada de este lunes contra el plantón que habitantes del municipio de Jolalpan instalaron desde el 1 de marzo frente a la sede del legislativo.

De manera breve, el panista sostuvo que no maneja la fuerza pública y que ignoraba quién ordenó el retiro de los manifestantes, los cuales exigen la destitución del presidente municipal de Antonio Javana García por un supuesto desvió de recursos.

“Se les hizo notar cuál era la disposición del Congreso (…) hay una investigación que está corriendo sobre las irregularidades. No es un tema mío (el desalojo) yo no manejó la fuerza pública. Ignoro (quién ordenó del desalojo). Personalmente los he atendido, los he saludado; no hay forma de tomar un acuerdo con ellos al respecto”, externó el legislador.

La semana pasada, Ramiro León Flores, representante de los habitantes de Jolalpan, comentó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó que Javana García no comprobó el uso de 49 millones de pesos, recursos correspondientes a la cuenta pública 2014.

Al iniciar el plantón, los afectados señalaron que el alcalde, militante de Movimiento Ciudadano (MC), incumplió con la realización de obras públicas y que el presupuesto lo utilizó para la compra de propiedades.

De las acusaciones hechas por los habitantes y regidores de Jolalpan, Aguilar Chedraui expuso que no podrían considerarse como pruebas para destituir a Javana García, y que con una protesta no se avalarían la salida del alcalde.

Versiones periodísticas dieron a conocer que el Congreso del Estado alistaba la designación de un concejo municipal, propuesta con la que se pretendía dar respuesta al conflicto político entre el munícipe con cinco regidores y la titular de la sindicatura municipal.

Al respecto, León Flores aseveró que no aceptarían que el legislativo concretara la integración del ayuntamiento, por lo que en ese caso los regidores promoverían un amparo para proteger sus derechos políticos.

Además, acusó al gobernador Antonio Gali Fayad de ser represor y proteger a Javana García.