Piden tribuna del Congreso para demostrar que hay presos políticos

Exigiendo al Congreso del estado la misma tribuna y el tiempo concedidos al titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) Diódoro Carrasco Altamirano, para refutar su versión sobre la no existencia de presos políticos en Puebla, manifestantes hicieron una cadena humana frente al recinto legislativo.

“Aquí, en este edificio, en esta tribuna, autoridades han negado que existan presos políticos. Nosotros estamos exigiendo el mismo espacio y tiempo para refutar con hechos lo que se han negado a reconocer”, dijo Raúl Ronquillo integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que esta manifestación llama a congresistas a dar muestras de apertura y a que accedan a revisar la situación de presidentes de juntas auxiliares, presidentes municipales, líderes indígenas, defensores del patrimonio arqueológico, campesinos, mototaxistas, transportistas, representantes de comerciantes y tianguistas, sindicalistas e incluso personas de la tercera edad que fueron detenidos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

“En el Senado, en el Congreso de la Unión, se ha reconocido que de los 500 presos y perseguidos políticos en el país durante a la mitad del sexenio de Moreno Valle, la mitad son de Puebla. Para todos es claro, menos para estos legisladores”, dijo Ronquillo.

Explicó que los miembros de esta legislatura podrían recuperar su vocación de representantes populares si tuvieran la disposición de corregir y resarcir las injusticias cometidas contra quienes son disidentes.

“Los presos políticos están en las cárceles poblanas porque no hay respeto al Estado de Derecho y estos señores diputados no han sido capaces de garantizar el cumplimiento de la ley, prestándose a ser instrumentos de abusos, revanchas y venganzas políticas. Ellos pueden terminar con esto”, reclamó otro participante al usar el foro callejero.

Ronquillo aseguró que a la fecha el gobierno ha desacatado el dictado de la justicia federal mediante un juicio de amparo favorable al líder fundador de la UPVA 28 de Octubre, Rubén Sarabia “Simitrio”.

Sobre el anuncio de reclusión domiciliaria de Simitrio por el gobierno estatal, concluyó que la condición de preso político continúa si no es declarado inocente.

Jorge Méndez, otro integrante de la organización de comerciantes, reclamó que el primer acto gobernador Antonio Gali Fayad fuera la aprehensión de un nuevo integrante de la 28 de Octubre, con lo que suman ya cinco presos políticos, cifra histórica para la organización, por lo que la medida pretendida de “liberar” a Simitrio es una simulación.

Al micrófono participaron integrantes de organizaciones como la Asamblea Social del Agua, el Consejo Democrático Magisterial y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y pobladores de Jolalpan, que mantienen un plantón indefinido frente al Congreso.