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Gobierno
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información considera que además el proceso de designación careció de transparencia por parte de la administración estatal
El gobierno del estado incurrió en desacato y negligencia al no transparentar, desde su inicio, el proceso para la asignación de 29 notarías, así como al clasificar como “reservados” los expedientes de los aspirantes a ocupar esos cargos.
Así lo consideró el secretario del capítulo en Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Cuauhtémoc Cruz Isidoro.
Bajo el argumento de que aún no concluye el procedimiento para la asignación de las notarías, la Secretaría General de Gobierno (SGG) clasificó como “información reservada” la documentación que presentaron los aspirantes, e indicó que dará a conocer los nombres y expedientes hasta que los titulares entren en funciones.
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Para el especialista en acceso a la información pública, el procedimiento que abrió la administración estatal en diciembre de 2016 para elegir a los nuevos notarios debió transparentarse desde el principio, aunque esto no sucedió.
Según respondió la SGG a la solicitud de información pública 00013017 hecha por e-consulta, los expedientes de los fedatarios están “reservados” y su contenido no puede difundirse debido a que la asignación de patentes aún no concluye.
No obstante, días antes la dependencia solicitó una prórroga para emitir una respuesta pues dijo que se encontraba en la búsqueda de la información solicitada.
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El secretario de la AMEDI explicó en entrevista que la Ley de Acceso a la Información Pública del estado no permite que se emitan ese tipo de respuestas, pues si la información no podía difundirse eso se debió responder desde el principio, por lo que la SGG habría actuado con dolo.
Detalló que la respuesta también muestra una actitud negligente por parte de la dependencia, ya que no respondió de inmediato y de manera adecuada a la solicitud de información, sino que retrasó la respuesta.
Refirió que la clasificación de la información como “reservada” o la consulta de datos en instalaciones gubernamentales sin que esté justificada, era una práctica común de la anterior administración estatal y a la que ya recurre el actual gobierno.
Insistió que el hecho de que en una primera instancia la SGG haya solicitado una prórroga para entregar la información y después haya argumentado que era reservada, muestra una clara “inconsistencia” y “dolo”.
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Mediante la solicitud de información se requirió a la dependencia un informe de las notarías en que realizaron prácticas Irma Patricia Leal Islas, Alejandra Maupomé Cagigal, Fernando Chevalier Ruanova, Jorge Otilio Hernández Calderón y Manuel Pozos Cruz, además de una copia de la memoria de los trabajos en los que hayan intervenido, según lo requiere el artículo 32 de la Ley del Notariado.
La secretaría respondió que la documentación que se solicitó está clasificada como “reservada”, debido a que el concurso para elegir a los nuevos notarios aún no concluye, sino que se encuentra en una etapa “deliberativa”.
Agregó que el dar a conocer la documentación podría afectar la elección de los nuevos notarios, sin embargo en su respuesta indica que el único faltante es que el gobernador expida las patentes de notario titular, pues si esto no ocurre, ninguna persona puede ostentar tal cargo.
Cabe señalar que al menos los tres diputados locales que se inscribieron para obtener una patente han reconocido que ya la obtuvieron, según fueron notificados, sin embargo analizan si dejan sus tareas legislativas o nombran a un auxiliar para que esté al frente de las notarías que recibieron.