Funcionarios SFA alegan falta de fondos y pasean en el extranjero

Fotografías subidas a redes sociales demuestran que Antonio Arellano Zazueta, empleado de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), ha realizado viajes al extranjero, pese a que argumentó carecer de recursos económicos para convencer a un tercero de no delatarlo por malos manejos financieros que realizó en la dependencia.

Arellano, quien se presenta como analista de la SFA, en 2015 depositó cerca de 200 mil pesos a un exempleado del gobierno estatalde nombre Oliver Ramos Gómez, pese a que éste ya había sido dado de baja en 2013.

Recientemente intentó sobornar al afectado para que no delatara el desvío de recursos, a cambio de una “compensación” por 48 mil pesos, según consta en una grabación telefónica que ambos sostuvieron y que fue dada a conocer este viernes por e-consulta.

Según se escucha en la conversación telefónica, el analista intenta convencer a Ramos Gómez de aceptar los 48 mil pesos a cambio de que firmara documentación que acreditara el pago de salario por 200 mil pesos.

Entre los argumentos que el empleado de la SFA expuso, sobresale que si se descubría la equivocación sería despedido, lo que perjudicaría a su familia, pues dijo que estaba pagando una casa de interés social en donde vive, según se escucha en el audio.

Sin embargo, fotografías extraídas de redes sociales muestran a Arellano durante un viaje a un parque de diversiones en el extranjero.

Debe señalarse que en el intento de soborno a Oliver Ramos, también está involucrado Juan Alvarado Morfín, quien se desempeñaba como director de Recursos Humanos de la SFA, pues de acuerdo con versiones periodísticas, la dependencia lo despidió ante la evidencia del intento de soborno.

Una consulta hecha en redes sociales muestra a Alvarado también en viajes realizados en el extranjero.

Arellano Zazueta fue titular de la Dirección de Recursos Humanos en el sexenio del gobernador de Mario Marín y tenía como subordinado en ese entonces a Juan Alvarado Morfín.

Los hechos fueron denunciados el 19 de enero ante la Contraloría estatal, según se aprecia en la copia de la denuncia, en donde se pide una investigación y que, en su caso, se sancione a los funcionarios que estén involucrados en el presunto fraude al erario estatal.

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