Política
Niega PVEM venganza política contra alcaldesa de Tehuacán
La legisladora por el distrito 25 de Tehuacán aclaró que no está ni en pro ni en contra de la persona en particular
Geraldine González Cervantes, diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), justificó su voto a favor de la destitución de Ernestina Fernández Méndez, alcaldesa de Tehuacán, al señalar que está fundamentada en el trabajo que realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Bajo el mismo argumento la legisladora señaló que votó a favor del proceso administrativo en contra del exedil panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pese a que en discusiones pasadas mantuvo una posición independiente respecto a los diputados morenovallistas.
La legisladora por el distrito 25 de Tehuacán aclaró que no está ni en pro ni en contra de la persona en particular, por lo que sugirió a la alcaldesa priísta de Tehuacán que aclare sus pendientes.
“Lo que sabemos es que no ha solventado un monto considerable de su cuenta 2014. Tal vez no acreditó el 6 o el 7 por ciento de este monto”.
Manifestó que Fernández Méndez debe hacer un ejercicio de autocrítica al tiempo de señalar que está a favor de la “transparencia”.
Cuando se le preguntó si la sanción contra Fernández Méndez como el proceso administrativo de Eduardo Rivera forman parte de una venganza política, afirmó que siempre se apostará por un manejo adecuado de las cuentas públicas, independientemente del partido político del sujeto obligado.
El jueves 15 de diciembre, en medio de acusaciones de una persecución política, el Congreso del Estado inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra del exedil de Puebla capital, por supuestas irregularidades que suman 400 millones de pesos.
El pleno del Congreso local también aprobó la destitución de Ernestina Fernández y una inhabilitación por 12 años al no solventar anomalías por 228 millones de pesos.
Palabras clave: Geraldine González Cervantes, destitución de Ernestina Fernández, sanción administrativa, Eduardo Rivera Pérez, irregularidades, 228 millones de pesos.