Ex jefe de grupo de la Policía Ministerial gana amparo a la Fiscalía General

Un exjefe de grupo de la Policía Ministerial ganó un amparo a la Fiscalía General del Estado (FGE), después que el año pasado fuera despedido con el argumento de que hizo mal una puesta a disposición de un vehículo.

Con el apoyo de su abogado, César Pineda Zárate, el afectado Guillermo Paulino Jiménez Vázquez promovió el amparo el 9 de noviembre de 2015, mismo que quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, con el número de expediente 1985/2015.

El agraviado explicó que sus jefes lo acusaron de haber excedido sus facultades al poner a disposición del Ministerio Público un vehículo que contaba con los medios de identificación alterados.

”Lo único que hice fue cumplir con mi deber para combatir el delito de robo de vehículo, ante la presunción de que los medios de identidad del vehículo que presenté ante el Ministerio Público correspondiente eran falsos, es por ello que la Justicia Federal consideró que la autoridades a las que demandé estaban equivocadas y habían cometido un grave error al haberme destituido", manifestó.

Al revisar el caso, detalló, el juzgado federal determinó que el policía cumplió en todo momento con su deber y, por lo tanto, no incurrió en una falta, como lo determinó la Comisión de Honor y Justicia de la FGE.

"En los medios de prueba que ofrecí en dicho procedimiento administrativo, no se desprende que haya obtenido algún beneficio económico, ni menos aún que haya ocasionado daño alguno, ni perjuicios patrimoniales, lo cual quedó plenamente acreditado por la autoridad federal", expresó.

El representante legal destacó que el juez federal ordenó a la FGE pagar al afectado la indemnización correspondiente a tres meses de sueldo y 20 días por cada año laborado, así como "los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso".

"Esto desde que se concretó su remoción de las funciones policiales que desempeñaba y hasta que se realice el atinente pago de indemnización del cargo que venía desempeñando desde hace más de 23 años", señaló.

Además de lo anterior, la FGE también estará obligada a extender un documento de cancelación de registro ante Plataforma México, a fin de que su cliente no quede con antecedentes negativos y pueda conseguir un empleo en alguna otra corporación de seguridad.

En caso de que la autoridad ministerial no cumpla con el mandato judicial, los abogados solicitarán un trámite de inejecución por medio de un Tribunal Colegiado Federal, lo cual podría culminar en la destitución y consignación de las autoridades acusadas, mismas que son el titular de la Comisión de Honor y Justicia, el fiscal general, el director de la Policía Ministerial y la Visitadora General.