En Fiscalía para periodistas nueve denuncias contra edil de Teziutlán

Con nueve denuncias de periodistas en su contra, el edil de Teziutlán, Edgar Antonio Vázquez Hernández, es la autoridad en Puebla que ha concentrado el mayor número de acusaciones documentadas en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas y Personas de Derechos Humanos (FEADLE) en el estado

Cuatro querellas interpuestas ayer se sumaron a las cinco que ya constaban en contra del alcalde por acoso, hostigamiento y persecución contra comunicadores.

Ignacio García Mestiza, director del periódico Expresión Nacional fue despojado de su equipo de trabajo y detenido ayer por la policía municipal durante una manifestación mientras realizaba videograbaciones, tomaba fotografías y documentaba la oposición de comerciantes a la edificación subterránea de un centro comercial.

Ignacio, liberado en la madrugada tras no acreditarse delitos contra ataques a las vías de comunicación que pretendían fincarle, denunció ante la FEADLE y La Casa del Periodista que durante las horas de reclusión fue intimidado por su labor, violando sus derechos e incluso negándole el uso del teléfono.

A éste expediente se suman también las denuncias de Fausto Hernández, de Canal 9 Tlatlauqui, Enrique Ortega, de Reporte 27 y Braulio Antonio Santos, de la Poderosa de Tuxpan, quienes fueron rociados con gas lacrimógeno mientras reportaban el desalojo de comerciantes.

Estos hechos engrosan el expediente en la FEADLE que también registró en 2014 el caso de Miguel Ortega Bonilla, de Rex Radio, secuestrado el 5 de octubre de 2014 en el centro de la ciudad de Teziutlán por cuatro hombres que lo obligaron a subir a un automóvil cuando se dirigía a cubrir una Marcha por la Paz en el municipio vecino de Chignautla.

Los captores lo golpearon, le colocaron una bolsa en la cabeza amenazándolo de muerte y posteriormente lo tiraron en un paraje. “Escuché cuando hablaban por radio y uno de ellos pidió instrucciones: “Lo matamos o sólo le damos un susto”, según escuchó.

También en el 2014, Olda Rodríguez Olán, corresponsal del portal de noticias e-consulta y colaboradora de la Opinión Diario de la Mañana y de la Revista Enfoque acusó que 15 oficiales con armas largas, encapuchados, montaron un operativo en el perímetro de su casa, rodearon su vehículo para detenerla y la esposaron frente a sus hijos que estaban aterrados. Entre gritos le acusaban de transportar secuestradores. Olda detuvo la acción cuando identificó la voz del comandante a quien reclamó su participación y el uso de pasamontañas.

Este acto fue precedido por la persecución laboral que emprendió el edil en su contra, haciendo que le despidieran de dos estaciones de radio, bloqueos en eventos políticos y sociales de lo que señaló al edil como responsable.

Eduardo Martínez Calixto, director general del periódico Noticias también denunció persecución de parte de agentes viales que le revelaron que por órdenes del presidente municipal debían hostigarlo para evitar que realizara su labor periodística y de investigación.

Alberto Rojas Martínez, coordinador de la Sección Teziutlán de La Opinión Diario de la Mañana, y Director General de la Revista Enfoque, acusó ante los diferentes tribunales y defensores de derechos de prensa que el edil Antonio Vázquez ofreció a la casa editorial para la que laboraba dinero y contratos a cambio de que el periodista fuera despedido, además de ordenarle a la policía que impidieran su acceso al palacio municipal y otros edificios públicos.

Braulio Antonio Santos, director de la Poderosa de Tuxpan, había ya hecho denuncias por amenazas y hostigamiento contra Antonio Vázquez aún antes de que éste ocupara el cargo de presidente municipal.

Claudia Martínez, enlace de la Casa de los Derechos a Periodistas, que ha documentado los casos, se dijo preocupada por la impunidad del edil que obstruye la libertad de prensa, de información y expresión y procura daños a periodistas.

“He visto como la relación de agravios constantes y recurrentes del edil de Teziutlán crece sin que el gobierno del estado y el Congreso emprendan acciones para que los derechos de las comunicadores sean respetados”, dijo

Reprochó que aún no haya políticas públicas y normas jurídicas que sancionen el acoso a la libertad de expresión y protejan el ejercicio del periodismo.