En diligencia contra Coofía, defraudados exigen transparencia

Defraudados por la financiera Coofía, hicieron acto de presencia en la Torre JV donde hoy el Juzgado II de lo Penal hizo entrega de las oficinas de la financiera a Nora Mendoza Arrebillaba, quien jurídicamente será la administradora de los bienes de acuerdo el proceso legal mercantil que se dictó en contra de la firma.

Matilde Ventura, una de las afectadas por la empresa de Valente Medina Seoane exigió que en el recuento de estos bienes se transparente la documentación de la cartera vencida y se revelen los activos a fin de que sean incautados para reparar el daño a miles de personas en el país.

En septiembre de 2011 Coofía fue declarada en quiebra y se dictó un concurso mercantil a la empresa a la que legalmente se obligó a reconocer a todos los acreedores que están demandando el pago de algún daño.

El retraso en el juicio, que comenzó en 2009 con las averiguaciones previas de los 2 mil defraudados en todo el país, ha provocado que ahora se sumen otros acreedores como el IMSS y el SAT que reclaman entre 10 y 110 millones de pesos respectivamente.

A la fecha, se estima que la deuda de Coofía alcanza los 500 millones de Pesos y sólo en Puebla está calculada en 120 millones de pesos.

Ministerio Público ocultó información

Luego de más de siete años de litigio, Ventura acusó que el Ministerio Público, encabezado por Alfredo Reyes Técualt y Claudia Carmona, la Fiscal Especial para los fraudes financieros en Puebla, omitieron, ocultaron y detuvieron la averiguación 662/2009 de la Mesa 2, que contenía la auditoría que realizó la Confederación Alemana de Cooperativas–DGRV y contenía información de los bienes reclamados.

Según Ventura, la auditoría revela que mil 800 millones fueron captados por la financiera por ahorros y parte del capital fue invertido en minas en el territorio nacional. Se conocen 18 títulos de concesión, además de préstamos millonarios en los que incluso aparece la Secretaría de Finanzas de Puebla.

Aunque estos datos figuraron en la averiguación previa de Ventura como de más de 30 defraudados poblanos, no llegaron a ningún tribunal, por lo que afectados aseguran que las autoridades poblanas sólo ayudaron a directivos de Coofía a eludir a la justicia en lugar de procurarla.

“La gente ha buscado debajo de las piedras y descubierto el desvío de dinero. El monto de bienes alcanza para que Coofía devuelva lo que se llevó, pero el Ministerio Público ocultó esta información y no se aseguraron los bienes”, dijo.

Recordó que durante el litigio que se emprendió en Puebla, funcionarios del juzgado penal mandaban a llamar a las personas para que firmaran el perdón a Valente Medina aconsejando que tomaran el dinero de Fipago y convenciéndoles de que sería un largo proceso con una resolución incierta.

De acuerdo al proceso 578/2015, juzgado III de Distrito, jueces de toda la república que hayan confiscado bienes tendrán que referirlo a Nora Mendoza Arrebillaba para que, una vez más, se intente hacer un padrón de bienes para pagar el daño a los defraudados y a los acreedores.

Los afectados por Coofía hicieron un llamado al gobernador Rafael Moreno Valle para que les conceda una audiencia para exponer el caso que ya cumplió su séptimo año mientras Medina Seoane, el dueño, sigue en libertad.