Gobierno
Funcionarios CAIP deben hacer declaración de conflicto de interés
Debe actualizarse cada año; discuten el formato de presentación
La Comisión de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (CAIP) aprobó en sesión pública la obligación que tendrán susfuncionarios para presentar la declaración de conflicto de interés, la cual deberá ser actualizada cada año aunque el formato aún está en discusión.
Norma Estela Pimental, comisionada de la CAIP, solicitó al pleno atender su propuesta de formato, que sólo aplicaría para los trabajadores de la CAIP y dijo desconocer si se retomaría en las demás dependencias estatales.
“La idea es fortalecer la transparencia, incluir más elementos para que sea lo más incluyente posible, como órgano garante estamos obligados a subirnos al tema de la forma más completa posible”, aseguró.
El formato que propone la comisionada se centra en la fusión de las declaraciones y el lapso de tiempo declarado, identificando no sólo las actividades de los servidores el año anterior sino extendiendo el periodo cinco años atrás.
Este esfuerzo se suma a la iniciativa ciudadana #Ley3de3 que busca convertirse en lo que será la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo que deberá ocurrir a más tardar en mayo de 2016.
La declaración no es obligatoria
Aunque la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un acuerdo difundido en el Diario Oficial de la que precisa que los formatos para las declaraciones patrimoniales que año con año se presentan en mayo "contendrán un apartado denominado Declaración de Posible Conflicto de Interés, a fin de transparentar el ejercicio del servicio público”, la disposición no ha sido retomada pues no existe legislación que le obligue.
En Puebla esta medida sólo se ha implementado en la Contraloría del Estado, reveló Egberto Martínez Rubí, contralor interno de la CAIP.
La Secretaría de la Función Pública promovió este cambio a raíz de que se dio a conocer la compra de inmuebles por parte de funcionarios públicos, incluido el presidente Enrique Peña Nieto.