Agua de Puebla evade responsabilidad en obras, acusa el MAS

Los ayuntamientos de la zona metropolitana de Puebla pagan las reparaciones del drenaje, aunque la concesionaria Agua de Puebla debe de hacerlo porque es la que cobra y administra los recursos provenientes del cobro del servicio, señalaron integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

Rafael Ramírez Hernández, integrante de la organización, comentó que en la colonia Nueva Alemania se hizo una pavimentación de 200 metros en la calle Hamburgo y para ello se solicitó a Agua de Puebla reparar el drenaje, sin embargo la compañía aseguró que no haría la obra por falta de recursos.

Ante esta situación el ayuntamiento de Cuautlancingo tuvo que absorber los gastos de la pavimentación y de la reparación del drenaje.

Lo mismo ocurrió en el fraccionamiento Galaxias Almecatla, donde la concesionaria no quiso hacer las reparaciones de una obra que tuvo deficiencias.

Ramírez también apuntó que ciudadanos refieren que notifican fugas de agua, pero que no son atendidas por Agua de Puebla bajo el argumento de que tiene fondos.

Agua de Puebla entró en operaciones como Concesiones Integrales en mayo de 2014, aunque la licitación se otorgó en total opacidad el 24 de diciembre de 2013.

Esto después de que el gobierno del estado presentó una iniciativa ante el Congreso del estado el 11 de septiembre de 2013 para reformar la Ley de Agua del Estado de Puebla, esto con el objetivo de que se pudiera concesionar el servicio de agua potable, así como el de drenaje y alcantarillado en 25 municipios de la zona metropolitana.

Piden revocar concesión a Agua de Puebla

Por su parte Ricardo Jiménez Ávila, vocero del MAS, dijo que por el mal servicio y a la nula inversión que presta Aguas de Puebla se podría revocar la concesión.

Señaló que, inclusive, algunos de los altos directivos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) con señalamientos de malos manejos del se pasaron a trabajar a la empresa.

"La empresa no ha invertido un sólo peso en las cinco plantas tratadoras de aguas negras de la capital, lo que ha implicado que cada trimestre hayan multas de 200 mil pesos cada en promedio, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)", agregó.

De igual forma el activista comentó que aunque el Soapap quedó únicamente como oficina reguladora, pero ha usufructuado 700 millones de pesos anuales, sin que se reflejen en mejoras.

"En ese sentido, desde el MAS exigimos al gobierno estatal la revocación inmediata de la administración del agua potable a Concesiones Integrales, sin que sea rescatada financieramente", apuntó Jiménez Ávila.

Para diciembre del 2014 sumaban más de 100 amparos contra la concesionaria y el Soapap por cortes al servicio de agua potable, aunque parte de la falta de pago se debe a incrementos de hasta 300 por ciento en las tarifas.

Piden a CEDH profundizar en recomendación

Cuestionados sobre la recomendación que emitió la CEDH por el desalojo de estudiantes, Ricardo Jiménez apuntó que se quedó corta porque los 19 policías municipales a los que se acusa de omisión, por no brindar el auxilio a los jóvenes, recibieron órdenes de sus superiores en ese sentido.

El representante del MAS lamentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no haya ido al fondo del problema, que es la represión que se ejerce desde altas esferas de la BUAP contra los universitarios.

A su vez Ramírez Hernández manifestó que es grave cómo se reconoce que "halcones" operaron para desalojar el zócalo la madrugada del 8 de febrero, así como el plantón que ellos hicieron en noviembre del año pasado, pero las autoridades municipales ni estatales hacen algo para detenerlos.

Lo cual los hace suponer alguna clase de contubernio entre las autoridades y ese grupo criminal.

Este lunes la CEDH emitió la recomendación 11/2015, donde señala que policías municipales violaron los derechos humanos de los estudiantes del CUEP durante la agresión del 8 de febrero, esto debido a que no intervinieron a favor de los jóvenes cuando sujetos encapuchados los golpearon, ni les prestaron atención médica o arrestaron a los agresores.

Ante esta situación el presidente de la comisión, Adolfo López Badillo, solicitó al alcalde Antonio Gali Fayad que inicie una queja en la Contraloría Municipal contra los elementos, así como se repare el daño a los 30 perjudicados y coadyuve en la denuncia penal que se interpondrá contra los agentes.