Gobierno
Profeco aún analiza acción colectiva contra Agua de Puebla
La delegación impuso ya multa de más de un millón de pesos a la concesionaria
La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) aún estudia la acción colectiva contra Aguas de Puebla, esto por el incremento oneroso en las tarifas del servicio de agua y por los cortes en el servicio, dio a conocer el delegado de la dependencia, Jesús Carlos Hernández Hernández.
La delegación impuso ya una multa de más de un millón de pesos a la concesionaria por el cobro excesivo en las tarifas de agua.
El funcionario federal anunció que está en estudio la acción colectiva de la dependencia contra Aguas de Puebla, aunque dicha acción sólo corresponde a las oficinas centrales.
El pasado 11 de junio la titular de la Profeco a nivel federal, Lorena Martínez Rodríguez, dio a conocer que el proceso contra la concesionaria de Puebla se suma a otro en el estado de Aguascalientes.
Esto por irregularidades de las compañías que distribuyen el agua potable y que ejecuta el cobro respectivo.
Cuestionado al respecto, Hernández Hernández refirió "las delegaciones no podemos interponer acciones colectivas, hay una subprocuraduría jurídica en la ciudad de México que se encarga de este tema. Y hay una dirección general de acciones colectivas".
Sin embargo, adelantó que la acción no se ha interpuesto porque está en estudio por parte de las oficinas centrales.
"Levantamos (sellos) una vez que solventaron e impusimos una sanción superior al millón de pesos, ya se acabó ese procedimiento con nosotros", refirió el delegado con respecto a las acciones que se impusieron por los cobros excesivos de agua.
En abril de 2014 la empresa Concesiones Integrales asumió las funciones del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) para distribuir el líquido en la capital y colonias del área conurbada, pero a finales del año pasado cambió su nombre a Agua de Puebla para Todos.
Sin embargo cientos de usuarios reclamaron cobros hasta 400 por ciento más altos, una vez que se aplicó una nueva estructura tarifaria, aprobada por el Congreso del estado, por lo que iniciaron diversos procesos legales que llegaron a la Profeco.