Sigue latente el desalojo de activistas RDDH en litigio por predio

Tras la manifestación del jueves de la semana pasada frente a las oficinas del Poder Judicial y luego de una reunión con personal del tribunal, el desalojo contra los activistas Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales sigue en pie, a pesar de que se llamó a juicio a una persona muerta.

El único avance es que las autoridades judiciales se comprometieron a investigar la forma en que actuó el diligenciario, toda vez que los amenazó para que no videograbaran la forma en que los notificó del desalojo domiciliario y a irregularidades en la documentación.

La semana pasada los integrantes de la Red de Defensa de Derechos Humanos (RDDH) denunciaron la colusión de los jueces poblanos con la empresa inmobiliaria Zendere para desalojarlos de su domicilio, ya que se llamó a juicio a una persona muerta, la madre de Mariel, y se declaró rebeldía debido a que no acudió a defenderse.

Investigarán a diligenciario

Después de la manifestación, personal del tribunal se acercó con Bonilla y Sampedro para analizar el caso.

La reunión se llevó a cabo el martes pasado con el secretario adjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Guillermo Morales Rodríguez.

En el encuentro se informó que se está llevando a cabo una investigación para sancionar al diligenciario José Martín Salazar Hernández, adscrito al Juzgado Décimo Segundo de los del Distrito Judicial de Puebla, por realizar una notificación de manera ilegal

Esto debido a que la diligencia se hizo sin presencia de la parte actora y a que el instructivo se encontraba previamente elaborado, haciendo constar que quedaba en manos de una persona desconocida y que fue modificado para anexar el nombre de Israel Sampedro Morales, quien realmente se encontraba en el domicilio.

Así como que se analizará el proceso no sólo desde la perspectiva legista sino humana.

Desalojo sigue en pie

Sin embargo, para los defensores de derechos humanos, los anteriores puntos no garantizan que vayan a conservar su propiedad, misma que fue heredada de la madre de Mariel Bonilla y a la que la empresa Zendere siguió llamando a juicio.

"Lo que quedó incierto es el cómo va a calificar la notificación el juez, como legal o ilegal y pues ambas tienen importante implicaciones diferentes (...) Que como ya denunciamos el procedimiento de notificación es ilegal en lo más básico y pedimos que se reponga", apuntó vía telefónica Sampedro Morales.

Hasta que el juez defina esa situación, el desalojo sigue vigente y los activistas argumentan violación a su derecho a la vivienda.

"Por eso decimos que legalidad no implica justicia y en nombre de la legalidad el pueblo mexicano vive una sistemática y persistente violación a derechos humanos generalizada", agregó el vocero de la RDDH.

El activista también mencionó que pidieron al tribunal hacer el juicio bajo el escrutinio público para que se garantice la no repetición, pero las autoridades lo evadieron.