Universidades
Sistema penal acusatorio, oportunidad para abogados BUAP
A partir de ayer, el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en Puebla y Durango
La mayoría de los jóvenes que egresan de la carrera de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ingresan al mercado laboral, ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos de los fueros federal y común.
Marta Patricia León Arenas, coordinadora del programa de seguimiento de egresados de la BUAP, resaltó que el Sistema Penal Acusatorio es un área de oportunidad para los egresados de la carrera de Derecho de la máxima casa de estudios del estado, quienes durante los últimos años de su carrera, recibieron capacitación para enfrentar la nueva forma en la que se impartirá justicia en el país.
El Código Nacional de Procedimientos contiene elementos que buscan combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente. El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero busca enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el actual sistema y unificar procedimientos a nivel nacional.
El mito de las carreras saturadas
A partir de ayer, el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en dos estados, Puebla y Durango.
“Es un mito que las carreras estén saturadas, son los que encuentran trabajo muy rápidamente. Siempre hay necesidad de médicos, abogados y contadores”, comentó.
Este año, más de 500 estudiantes egresaron de la carrera de Derecho de la BUAP, una de las cinco más demanda por los aspirantes a estudiar el nivel superior.
“Hay carreras que permiten el ejercicio profesional de manera independiente. No tienen que ser necesariamente asalariados de alguna organización. Les estamos dando alternativas, actividades para desarrollar su marca personal, lo que se conoce como Branding”, apuntó.
El Código Nacional de Procedimientos Penales forma parte del mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 para transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.