Titular del TEEP presume que es más eficiente que el TEPJF

Al rendir su segundo informe de labores, Francisco Javier de Unanue y Bretón sostuvo que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) es más eficiente que el del Poder Judicial de la Federación, porque dictaminó casi el doble expedientes en el último año.

Sin embargo el magistrado presidente omitió señalar que 14 mil 265 casos, de los 14 mil 398 totales que atendió el organismo, formaron parte de una solicitud de afiliación masiva de militantes al Partido Acción Nacional, que el TEEP dictaminó en el mismo sentido y que al llegar al ámbito federal –a través de 353 recursos- fueron revocados.

Cuentas alegres

A 29 días de concluir su periodo como presidente del Tribunal, De Unanue y Bretón comparó el trabajo que el organismo realizó este año con los recursos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sus seis salas regionales en el país.

En su discurso, el magistrado indicó que a nivel federal se resolvieron 7 mil 354 asuntos en 2014, cifra que el TEEP superó al llegar a 14 mil 398 expedientes, de los cuales cinco fueron recursos de inconformidad, 10 asuntos especiales y 14 mil 383 recursos de apelación.

Incluso, enfatizó que pese a contar con un presupuesto de 20 millones de pesos, el TEEP logró mejores resultados al destinar mil 394 pesos para la resolución de los casos atendidos, mientras que el órgano jurisdiccional utiliza 241 mil 307 pesos por cada expediente.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 7 mil 354 expedientes, contando para ello, con un presupuesto autorizado de 2 mil 489 millones de pesos (…) Si la totalidad de esos recursos se destinara exclusivamente a la función jurisdiccional, reflejaría que la resolución de cada expediente tiene un costo aproximado de 241 mil 307 pesos. En cambio, el trabajo que hemos realizado se alcanzó con un presupuesto ampliado de 20 millones 73 mil 284 pesos. La aplicación de esos recursos refleja un costo de 1 mil 394 pesos por asunto resuelto”.

El magistrado afirmó que en su gestión se fortaleció al Tribunal con el trabajo que se desarrolló durante el proceso local electoral de 2013, año en el que se eligieron a las autoridades municipales y los representantes del Congreso del estado.

“Me voy satisfecho porque recibí un Tribunal con el desempeño más bajo del país, al resolver menos de 20 expedientes al año, aletargado, enquistado en prácticas obsoletas y sin un compromiso real de trabajo (…) entrego una organización renovada, inteligente, que aprovecha cada centavo, supera las adversidades. Entrego el Tribunal Electoral más eficiente del país, lo que se logró con el apoyo y trabajo de muchos y a pesar de otros”.

“Revocaciones sólo muestran divergencia de criterios”

En entrevista posterior, De Unanue y Breton defendió el trabajo que se realizó en su periodo como presidente, el cual concluirá el 31 de diciembre, y rechazó que las revocaciones que el TEPJF hizo sobre la afiliación de 353 ciudadanos al PAN sean un revés para el tribunal, sino que demuestra una “divergencia” de criterios.

“Nunca ningún tribunal con el presupuesto que tenemos había sacado ni cercanamente el monto de sentencias que sacamos, el hecho de que se hayan revocado 300 de esas impugnaciones lo único que quiere decir es que tenemos diferentes criterios en el tribunal local del tribunal federal que sea una práctica cotidiana en el derecho (…) situación que únicamente muestra una divergencia de criterios no de derecho ni de trabajo”, respondió.

El magistrado evitó pronunciarse sobre las críticas hechas por Rafael Micalco Méndez, líder estatal del PAN, quien acusó a los integrantes del TEEP de violentar la vida interna del partido al ordenar la afiliación masiva de 14 mil 265 ciudadanos.

La validación de los registros de 14 mil 265 ciudadanos al PAN estuvo a cargo de De Unanue y Bretón y contó con el respaldo de los magistrados Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, situación que derivó en la petición de Micalco Méndez al Congreso para destituir e inhabilitar a los funcionarios y que todavía no analizan los legisladores.